De igual forma con las personas vinculadas a la empresa.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el proyecto de ley que impide contratar con el Estado a las personas jurídicas o empresas cuyos representantes legales o personas vinculadas que son condenadas, en el país o el extranjero, en primera instancia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, cobro indebido, malversación, entre otros.
La iniciativa, presentada por la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, propone que “las personas naturales que han actuado en contra de los intereses del Estado y en beneficio propio como parte de personas jurídicas sean apartados de los concursos públicos y no puedan volver a participar como postores en concursos públicos”.
Esto con el propósito de que “puedan seguir con el mismo mecanismo pernicioso de obtener contratos en base a ofrecimientos de contraprestaciones ilegales”.
Para el efecto se busca modificar el literal n) del inciso 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, “a fin de optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado”.
Cabe advertir que con la presente iniciativa se buscaría una correcta aplicación de la normativa en materia de contrataciones del Estado y la disminución de corrupción en los procedimientos de selección, tanto de los participantes como de los funcionarios y servidores del Estado.
“Este proyecto es un certero golpe a la corrupción que aún impera en el aparato estatal, especialmente contra aquellas personas que han sido cuestionadas o denunciadas por sus vínculos con determinadas mafias”, comentó la parlamentaria.
Asimismo, Yarrow Lumbreras enfatizó que el presente proyecto “hará que los empresarios que participen en los procesos de selección, lo hagan sin tener que ofrecer ningún tipo de beneficio o coima a los funcionarios públicos”.
“Se busca erradicar la corrupción y a los actores más importantes de la misma, los que no forman parte del aparato público, pero son los que siempre otorgan el beneficio indebido con la finalidad de ser favorecidos en los procesos de contratación”, sostuvo.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría también tiene en su agenda el debate y aprobación de este proyecto, el mismo que debe ser visto en los próximos días.
Fuente: Agencia Andina
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