Rospigliosi reivindica el rol de los especialistas en la custodia de la memoria documental del país.
La promulgación de la ley que establece una nueva escala de incentivos económicos para los trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) pone fin a quince años de postergación salarial y precariedad laboral. El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, oficializó este miércoles la normativa que ajusta el Incentivo Único-CAFAE para el personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, equiparando sus beneficios con los de la sede central del Ministerio de Cultura.
Esta medida, que será publicada en el diario El Peruano, busca no solo resarcir una deuda histórica con los guardianes del patrimonio documental, sino también garantizar la estabilidad y el bienestar de las familias de los servidores públicos dedicados a la conservación de la memoria histórica del país.
Durante la ceremonia celebrada en la sala Castilla del Palacio Legislativo, Fernando Rospigliosi destacó que la nueva escala permite una compensación equitativa y acorde a la alta responsabilidad técnica del personal de la BNP.
El titular del Parlamento enfatizó que la corrección de estas brechas económicas es fundamental para fortalecer la identidad nacional, ya que dignificar al servidor encargado de la difusión del patrimonio bibliográfico es, en última instancia, proteger el legado cultural de todos los peruanos. Según Rospigliosi, la norma inyecta una motivación necesaria para el personal administrativo y técnico que custodia los archivos más valiosos de la nación.
Luis Enrique Vázquez Díaz, secretario general del sindicato de trabajadores de la BNP, calificó el evento como un alivio tangible tras una batalla por la equidad salarial que inició en 2011, año en que el sector fue excluido de incrementos previos.
El dirigente subrayó que este logro trasciende el ámbito laboral para convertirse en un sustento vital para los hogares de los trabajadores, permitiendo cubrir necesidades básicas como la educación de sus hijos, el cuidado de adultos mayores y gastos de salud. Con esta firma, el Estado ratifica su compromiso con la institucionalidad cultural y reconoce formalmente a quienes, durante décadas, han trabajado con ahínco para preservar la identidad histórica del Perú.
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