Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación de la suspendida fiscal Delia Espinoza para ejercer cargos públicos durante diez años, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
La sanción, atribuida a una presunta infracción constitucional, tendrá que ser ratificada por el pleno del Congreso.
El informe también contemplaba la inhabilitación de los fiscales supremos Juan Pablo Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; sin embargo, debido a que las abstenciones superaron los votos a favor y en contra, no se tomó ninguna decisión y los casos quedaron pendientes.
Cabe señalar, que la acusación constitucional se basa en que habría emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de la ley aprobada por el Congreso que otorga esa facultad a la Policía.
Según el informe final, se les acusa por presunta infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución.
Además, se les imputa por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, y se contempla el levantamiento del fuero para que el fiscal de la Nación pueda denunciarlos ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.
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