Entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL), expresó su plena disposición a mantener una relación estrecha con el Poder Ejecutivo y en particular con el ministro de ese sector, Félix Chero, a fin de desarrollar una agenda legislativa conjunta.
“Ha existido un esfuerzo previo del sector justicia que ya cuentan con anteproyectos respecto al Código Procesal Civil y a la Ley de Sociedades. En ese sentido, con el ministro conformaremos equipos técnicos para viabilizar estos cuerpos normativos y llevarlos al Pleno del Congreso para su respectiva aprobación”, señaló el parlamentario al término de la sesión donde se presentó el ministro Chero para exponer el diagnóstico situacional institucional; así como los avances y retos de las políticas públicas del sector.
Por su parte, Chero señaló que “ha sido una oportunidad valiosa para entender que el sector Justicia, que lidero, y el Poder Legislativo puedan trabajar de manera conjunta por aquellos proyectos que pueden mejorar el sistema de reforma de justicia en nuestro país, pero también los proyectos que pueden resolver la inseguridad ciudadana y las grandes necesidades de los peruanos”,
De otro lado, Américo Gonza observó que se requiere dar mayor apoyo legal gratuito a las víctimas.
“Si bien la función principal del fiscal es que se sancione penalmente un ilícito, pero la víctima está en total abandono porque no hay institución establecida que vele por sus intereses y su defensa”.
En su intervención, el congresista José Balcázar (PB) estuvo de acuerdo con la información del ministro Chero; sin embargo, pidió que entre sus planes pueda atender el problema de hacinamiento y la sobrepoblación que hay en las cárceles.
Como representante de la región Loreto, el legislador Jorge Morante (FP) informó que ha recibo quejas del sistema de defensa pública que no está funcionando adecuadamente en la región, no hay defensores de oficio en ninguna de las provincias salvo en Iquitos.
“Existen detenidos, personas que han cometido delitos en las diversas provincias donde hay juzgados y no hay defensores de oficio para cuando se van a llevar las audiencias de detención preliminar o audiencias de detención preventiva y pasa el tiempo y en tanto no hay un abogado de oficio que pueda defender al imputado automáticamente lo tiene que dejar en libertad”, añadió el legislador.
El ministro Chero basó su exposición en temas referidos a derechos humanos, servicios de justicia al ciudadano, administración de bienes incautados y decomisados como reparación de los delitos contra el Estado, cultura de la legalidad y política criminológica.
“Este año se destinaron y ejecutaron recursos por 58.5 millones de soles a favor de 585 colectivos víctimas del terrorismo, lo que representa un hito no sólo en cuanto al número anual de colectivos atendidos desde el año 2007, sino también en cuanto a presupuesto destinado desde el Poder Ejecutivo para el cumplimiento y avance de esta modalidad de reparación”, dijo el ministro.
Con respecto a la defensa penal, señaló que la Dirección de Defensa Penal brindó un total de 365,094 patrocinios entre enero de 2021 a julio de 2022. Asimismo, atendió un total de 13,370 patrocinios a menores de edad entre enero de 2021 a julio de 2022. Por otro lado, en el periodo enero de 2021 a julio 2022, se logró un total de 243 excarcelaciones de personas privadas de libertad en diversos penales del país.
APRUEBAN ALLANAMIENTO
En la sesión, con 6 votos a favor y 4 en contra fue aprobado, con cargo a redacción, el dictamen de allanamiento recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa recaída en los proyectos de ley 196/2021-CR, 463/2021-CR y 993/2021-CR, Ley que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal, con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales.
Posteriormente, con 7 votos a favor y 2 en contra, fue aprobada la cuestión previa planteada por el congresista José Balcázar para que el predictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de Ley que modifica la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo, retorne nuevamente a la comisión para un mayor estudio.
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