Congresista Martha Moyano, presidente de la comisión de Constitución y Reglamento, recibe en calidad de invitados al especialista en Seguridad Ciudadana, Fernando Rospigliosi y al especialista Derecho Constitucional, Aníbal Quiroga, para que expongan respecto al proyecto de Ley 5632/2023-PE, proyecto de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres Niño Global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de ciento veinte (120) días calendario.
La Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Martha Moyano (FP), iniciará el debate del predictamen que propone la “ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – Niño Global, infraestructura social y calidad de proyectos”.
Será en su tercera sesión ordinaria del presente periodo anual de sesiones, a realizarse este martes 12 de septiembre a las 10 de la mañana. Como se sabe, esta iniciativa legislativa fue presentada por el Poder Ejecutivo el 28 de julio último, y se sustenta en el Proyecto de Ley 5632/2023-PE.
Los miembros de este grupo de trabajo debatirán y votarán, además, el predictamen de allanamiento recaído en los Proyectos de Ley 1760/2021, 3971/2022 y 4301/2022, que proponen la “ley que condona y reduce las multas derivadas de las elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y dicta disposiciones sobre la eliminación de la constancia de sufragio.”
Convención Americana
Asimismo, se sustentarán cinco proyectos de ley de igual número de congresistas.
Tres de esas iniciativas, de los congresistas Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Montoya Manrique (RP) y Wilson Soto Palacios (AP), proponen denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos”.
También, la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País), sustentará el proyecto de ley 5303/2022, que plantea normar el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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