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Las víctimas acreditadas en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizaron este 13 de enero un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir el fallo de segunda instancia que absolvió al ex-mandatario.
Esta acción jurídica representa el último mecanismo legal para impugnar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la cual exoneró al líder del Centro Democrático de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Los recurrentes argumentan que la sentencia absolutoria incurrió en graves errores de valoración probatoria y desconocimiento de las garantías procesales, por lo que solicitan que se restablezca la condena emitida el 28 de julio de 2025, que declaraba a Uribe penalmente responsable en calidad de determinador.
El documento fue radicado tras el vencimiento de una prórroga de 30 días concedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a solicitud de la fiscalía y los representantes de las víctimas. El grupo de querellantes, integrado por el senador Iván Cepeda, los juristas Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, y la ciudadana Deyanira Gómez, sostiene que la resolución de segunda instancia afectó el derecho material de los afectados al desestimar elementos clave del expediente.
Argumentos centrales de la impugnación
La base del recurso señala que la providencia judicial del pasado 14 de octubre ignoró las reglas de la sana crítica y la debida apreciación de las pruebas. Entre los puntos más críticos, los apoderados destacan:
Exclusión de evidencia: Se cuestiona la eliminación de grabaciones que presuntamente demuestran instrucciones directas de Álvaro Uribe Vélez hacia el abogado Diego Cadena para incidir en el testimonio de testigos.
Afectación al debido proceso: Las víctimas aseveran que el fallo carece de un soporte argumentativo coherente con el acervo probatorio acumulado durante los años de investigación.
Solicitud de condena: El recurso pide específicamente tumbar la absolución y dejar en firme la sentencia previa que imponía una sanción penal al exjefe de Estado.
Con la radicación de este recurso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asume la responsabilidad de dar la última palabra sobre uno de los casos judiciales más relevantes del país. Los magistrados deberán decidir en los próximos meses si admiten la demanda de casación para revisar a fondo la legalidad de la sentencia o si, por el contrario, mantienen la libertad y la presunción de inocencia de Uribe Vélez de manera definitiva.
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