El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha intensificado sus cuestionamientos hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil a pocos días de los comicios legislativos y las consultas interpartidistas del 8 de marzo.
El mandatario centra sus críticas en la transparencia del sistema, exigiendo una auditoría tecnológica profunda y el acceso total al código fuente del software de escrutinio por parte de expertos de los partidos políticos.
A pesar de que Petro fue elegido bajo este mismo sistema y de que organismos técnicos han desestimado riesgos sistémicos, sus declaraciones han generado preocupación en diversos sectores por el posible impacto en la legitimidad de los resultados.
El mandatario sostiene que la exhibición parcial del código fuente es insuficiente y demanda la entrega completa de los algoritmos de programación para una revisión exhaustiva.
En respuesta, la Registraduría, liderada por Hernán Penagos, ha anunciado que el software contará con la auditoría internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). Asimismo, se convocó a una reunión con partidos y misiones de observación para el miércoles 25 de febrero con el fin de transparentar el funcionamiento del sistema.
Cuestionamientos a la logística y operadores
Petro ha retomado sus críticas contra la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral, sugiriendo que el manejo de datos privados por parte de una entidad privada representa un riesgo. Sin embargo, la Registraduría ha aclarado que la base de datos de los ciudadanos es propiedad exclusiva del Estado. Esta postura del Ejecutivo coincide con su tendencia a migrar servicios antes privados (como pasaportes) hacia modelos de control público estatal.
Mecanismos de control vigentes
Frente a las dudas sobre el formulario E-14 (actas de mesa), las autoridades electorales recuerdan que existen múltiples salvaguardas:
- Vigilancia ciudadana: Los jurados de votación son ciudadanos y están acompañados por testigos electorales de todos los partidos.
- Evidencia digital: La Ley 1475 permite a testigos y jurados fotografiar los formularios E-14 antes de su entrega.
- Digitalización: La Registraduría publicará las imágenes de todas las actas para facilitar el contraste de datos.
Tanto la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), como la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), han coincidido en que no existen pruebas de un riesgo inminente de fraude. Estas instituciones han hecho un llamado a la mesura institucional para no socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
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