Composición fuente: ONU
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe devastador que documenta el asesinato de 972 defensores de derechos humanos en Colombia entre 2016 y 2025, lo que arroja un promedio crítico de 100 muertes anuales. El Alto Comisionado Volker Türk calificó la situación como «desgarradora», señalando que el país persiste como uno de los entornos más peligrosos del mundo para el activismo social debido a patrones de violencia que el Estado no ha logrado revertir.
A pesar de que el documento reconoce avances del actual Gobierno -como la apertura de diálogos, medidas preventivas urgentes y el reconocimiento público de la crisis-, advierte que las instituciones estatales no han superado los desafíos estructurales ni han frenado las tendencias de agresión.
Colombia se encuentra en un punto de inflexión donde la falta de una agenda clara en prevención e investigación permite que la violencia continúe, especialmente en zonas con presencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, donde el Estado no ha consolidado su control tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Las cifras recientes son alarmantes: entre 2022 y 2025 se confirmaron 410 asesinatos y más de 2,000 amenazas y ataques, aunque se sospecha que el subregistro es mayor por la falta de un sistema unificado de información.
La violencia impacta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas, quienes representan el 23% de las víctimas pese a ser solo el 4.7% de la población nacional. Asimismo, el informe identifica que más del 70% de los crímenes son perpetrados por actores armados no estatales, vinculados directamente a disputas territoriales.
Finalmente, la ONU recomienda fortalecer las investigaciones penales para desmantelar las estructuras criminales y combatir la impunidad, priorizando un enfoque integral que ataque las causas raíz de la tragedia. Sin embargo, el organismo alerta sobre sus propias limitaciones operativas debido a recortes presupuestales en 2025, situación que ha reducido su capacidad de despliegue y monitoreo en las regiones de mayor riesgo, dejando a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad aún más acentuada.
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