La Justicia condenó este lunes a 53 agentes represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una de las mayores sentencias en Chile relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, por su responsabilidad en el crimen de ocho opositores del Partido Comunista ejecutados en 1976.
Según un comunicado del Poder Judicial, el ministro en visita (juez especial) para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia en contra de los exagentes de Estado por el delito de secuestro calificado.
Las víctimas de este delito fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López, todos del Partido Comunista.
Todas las víctimas fueron detenidas en el marco del denominado caso “Calle Conferencia”, que consistió en el exterminio, a mediados de 1976, de toda la directiva de ese colectivo que actuaba en la clandestinidad.
Krassnoff suma 700 años de cárcel
Las condenas de los agentes, todos de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura entre 1973 y 1977 – después fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI)- fluctuaron entre los 20 y tres años de presidio.
Entre ellos destaca el brigadier del Ejército chileno, Miguel Krassnoff Martchenko, que con esta sentencia ya suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
En tanto, los represores Jorge Madariaga Acevedo, Hugo Clavería Leiva, José Soto Torres, Raúl Soto Pérez, Juan Escobar Valenzuela, Jerónimo Neira Méndez, Pedro Mora Villanueva y Jorge Escobar Fuentes, también investigados por estos ocho crímenes, fueron absueltos.
Asfixiados y lanzados al mar
Según estableció la investigación, todas las víctimas del proceso, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad.
“Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconsciencia de las víctimas”, precisó el fallo.
Para darles muerte, se utilizó la acción conjunta de varios agentes del cuartel, los que con una bolsa plástica cubrieron su cabeza y la amarraron al cuello, impidiéndole la respiración, lo que produjo su deceso por asfixia.
Una vez constatada su muerte, muchos de los opositores fueron colocados en gruesas bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para ser lanzados al mar.
En esta misma línea, el juez Vázquez estableció que el lanzamiento de cuerpos al mar fue una práctica sistemática utilizada por los agentes de seguridad desde principios de 1974 hasta 1978.
Estos hechos se acreditan por los distintos relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento, que dan cuenta de esas operaciones denominadas “Secretos Militares”, en las que describen el modo en que se cargaron los bultos, preferentemente en helicópteros modelos Puma SA 330.
Durante la dictadura de Pinochet, conforme a cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
(Fuente: Nodal)
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