Las ciudades de La Paz se convirtió este martes en el epicentro de violentos enfrentamientos entre la Policía y sindicatos bolivianos que rechazan el decreto 5503, norma que eliminó el subsidio estatal a los combustibles y provocó un incremento de hasta el 162 % en el precio del diésel.
Las movilizaciones, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) e integradas por mineros, fabriles y maestros, derivaron en disturbios en los accesos a la Plaza Murillo, donde se registraron detonaciones de dinamita y el uso de gases lacrimógenos.
Pese a la presión social y al inicio de huelgas de hambre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ratificó la vigencia de la medida, argumentando que el retiro de la subvención es indispensable para aliviar las finanzas públicas y garantizar el abastecimiento de carburantes.
Choques en el centro histórico y sedes institucionales
Los manifestantes intentaron vulnerar los perímetros de seguridad en los alrededores de la Vicepresidencia y el Banco Central de Bolivia (BCB), utilizando petardos y fuerza física para retirar las vallas metálicas custodiadas por agentes antimotines.
En respuesta, las fuerzas del orden emplearon gas pimienta y agentes químicos para dispersar a los grupos que buscaban ingresar a la sede del Ejecutivo. Andrés Paye, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, exigió la abrogación inmediata del decreto y aseguró que las protestas continuarán de manera firme, incluso durante las festividades de Año Nuevo, para revertir lo que consideran un impacto directo contra la economía del pueblo.
El decreto 5503, vigente desde hace casi dos semanas, fijó un alza del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel tras más de dos décadas de precios congelados. Para mitigar el impacto social, el Ejecutivo implementó un aumento del salario mínimo —que pasó de 2,750 a 3,300 bolivianos— y elevó los bonos destinados a estudiantes y adultos mayores.
Si bien sectores como transportistas y comerciantes suspendieron sus medidas de fuerza tras alcanzar acuerdos particulares, la COB mantiene un paro indefinido, condicionando cualquier diálogo a la anulación de la reforma, exigencia que el Gobierno ha rechazado de forma tajante.
Sostenibilidad fiscal y ahorro estatal
Desde la perspectiva gubernamental, el mantenimiento de la subvención se había vuelto financieramente insostenible tras un año y medio de escasez de combustible. El Ministerio de Economía defiende que el retiro del subsidio permite al Estado un ahorro diario de 10 millones de dólares y asegura la provisión regular de energía en todo el territorio nacional.
No obstante, las movilizaciones han generado un clima de tensión ciudadana, provocando críticas de transeúntes por los daños a la infraestructura urbana y el perjuicio a las actividades comerciales en la capital boliviana.
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