La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia nacional este martes en rechazo a las políticas económicas y sociales de la administración de Rodrigo Paz.
El principal ente matriz de los trabajadores denunció una presunta «arremetida regresiva» contra los derechos laborales, advirtiendo con iniciar medidas de presión escalonadas si el Ejecutivo persiste en modificar la Ley General del Trabajo, norma que la dirigencia califica como una conquista histórica inalienable.
Rechazo a reformas legislativas y económicas
La COB exigió el archivo definitivo del proyecto de ley «Antibloqueos», al considerar que busca criminalizar el derecho a la protesta, y rechazó la reforma de la Ley 157 sobre régimen de tierras, denunciando que facilitaría el embargo de pequeñas propiedades mediante una bancarización forzosa.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por la soberanía económica del país ante la contratación de préstamos internacionales desproporcionales, señalando una falta de claridad sobre el destino de dichos recursos.
Crisis energética y cuestionamientos judiciales
En el ámbito sectorial, la central sindical cuestionó la crisis de carburantes y denunció la mala calidad de la gasolina, la cual aseguran ha provocado daños mecánicos severos en el parque automotor nacional.
Por otro lado, demandaron transparencia al Ministerio Público en investigaciones de alto impacto como el caso «Narcomaletas» y denunciaron una campaña de persecución política y difamación contra sus líderes tras las movilizaciones registradas a inicios de este año.
Paralelismos con la reforma laboral argentina
La dirigencia encabezada por Mario Argollo manifestó su temor ante una posible «modernización» de la normativa laboral boliviana inspirada en las recientes reformas de Javier Milei en Argentina. La COB advirtió que no permitirá cambios que apunten a elevar la edad de jubilación o ampliar la jornada laboral, manteniendo un estado de alerta permanente para evitar que se apliquen decretos supremos que vulneren el ordenamiento constitucional y los derechos consolidados de los trabajadores.
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