La violencia social escaló en Bolivia, con la muerte de dos personas por armas de fuego y más de cien heridos en más de una semana de choques entre oficialistas y opositores tras la cuestionada reelección del presidente Evo Morales, mientras la OEA se dispone a iniciar una auditoría electoral este jueves.
En el poblado de Montero, cercano al bastión opositor de Santa Cruz (este), los enfrentamientos dejaron «seis personas heridas (y) dos personas fallecidas: Mario Salvatierra de 55 años, Marcelo Terrazas de 41 años», informó la noche del miércoles el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
Romero culpó de los hechos al candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, y a la dirigencia del antigubernamental Comité Cívico de Santa Cruz, que rechazan el resultado de las elecciones del domingo 20 de octubre, al que consideran fraudulento, y piden la anulación de los comicios.
«Lo que está sucediendo en Santa Cruz, en Cochabamba (centro), la situación es gravísima», señaló el ministro, en referencia a los choques callejeros diarios en las dos ciudades entre opositores y leales a Evo Morales, de 60 años y en el poder desde 2006.
«Estos muertos del pueblo lo responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo insistentemente que estaban queriendo muertos; muy bien, hoy día lograron sus muertos y esto lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales», añadió.
Los resultados electorales activaron más de una semana de violentos enfrentamientos y disturbio en Bolivia que dejan 139 heridos, informó la estatal Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Además de Santa Cruz y Cochabamba, las protestas también se producen desde la semana pasada en La Paz, Sucre (sureste) y Potosí (suroeste), por opositores que rechazan el conteo oficial de votos.
Auditoría a polémico recuento electoral
La violencia le antecede a una auditoría electoral que debe comenzar este jueves en Bolivia.
El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, confirmó que el equipo técnico «presentará resultados en 10 a 12 días», sobre un trabajo integral de los comicios bolivianos del domingo 20 de este mes.
Según el informe previo de Almagro, unos 30 técnicos realizarán una revisión sobre cuatro aspectos que considera vitales: verificación de cómputos (actas y papeletas), verificación del proceso informático, el componente estadístico y las proyecciones, y la cadena de custodia de la votación.
El trabajo de recuento de votos realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en el ojo de la tormenta, al haber utilizado dos sistemas tecnológicos que causaron sospechas por haber mostrado -según dicen críticos y opositores- contradicciones.
El primero es el denominado TREP, de conteo rápido, que avizoraba una segunda vuelta entre Morales y Mesa, y el segundo, de cómputo general oficial definitivo, que dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08 votos, frente a Mesa con el 36,51%.
De acuerdo a la ley, la diferencia de 10 puntos le permite a Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, seguir gobernando hasta 2025.
Opositores, como Mesa, comités civiles regionales y plataformas ciudadanas, calificaron el resultado de fraudulento. Primero plantearon una segunda vuelta, pero luego viraron al pedido de anular las elecciones, y manifestaron su desconfianza al trabajo de la OEA.
«No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente» entre la OEA y el gobierno de Morales, dijo Mesa, un centrista de 66 años que gobernó entre 2003 y 2005.
«Si dicen que hay fraude, hagan un control pues, que revisen, que hagan una auditoría, no tenemos nada que ocultar, nosotros nunca ganamos con fraude o con mentiras», apuntó Morales.
El planteamiento de un balotaje fue planteado la semana pasada por una misión de observadores de la misma OEA y luego por la Unión Europea, mientras otros países como Brasil, Colombia y Estados Unidos consideraron que no reconocerían el resultado electoral.
El canciller boliviano Diego Pary, señaló el miércoles en La Paz que «el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes» y que permitirá despejar las dudas sobre el proceso.
TSE abierto a una auditoría
La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, tras varios días de silencio, apareció la noche del miércoles para señalar que el ente está abierto a cualquier auditoría, venga de donde venga, pero aseguró que no existieron irregularidades en el escrutinio.
«Nuestras actuaciones fueron en el marco de lo establecido en la ley, de la transparencia y del compromiso» con la ley, dijo, acotando que «el fantasma del fraude no existió».
Su colega Idelfonso Mamani dijo que facilitarán toda la información y documentación que requieran los técnicos de la OEA y aseguró que las denuncias, como una supuesta alteración de actas de votación, son infundadas.
(Fuente: Andina)
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