Las autoridades migratorias de Bolivia ejecutaron la inadmisión y el posterior procedimiento de salida obligatoria de la Misión de Veedores de Derechos Humanos procedente de Argentina, cuyos integrantes fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz.
De acuerdo con los reportes institucionales y las denuncias emitidas por los miembros de la comitiva civil, el grupo de observadores había ingresado al territorio boliviano a través del aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra sin registrar inconvenientes iniciales; no obstante, al arribar a la terminal aérea de la capital, se dispuso su retorno inmediato hacia Santa Cruz, donde se les mantuvo a bordo de una aeronave comercial para gestionar su deportación con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires.
Origen de la delegación y presuntas afectaciones a las inmunidades parlamentarias
La conformación de la brigada civil e internacional fue gestionada a iniciativa de legisladores, colectivos sindicales y organizaciones de la sociedad civil de la República Argentina, teniendo como propósito técnico el relevamiento de datos e investigación de denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos y acciones de represión en el marco de las protestas sociales en Bolivia.
Los portavoces de la delegación señalaron mediante un comunicado oficial que la determinación de expulsión configura una contravención a las normativas de los tratados internacionales de derechos humanos, advirtiendo asimismo que la medida administrativa vulneró los fueros diplomáticos e inmunidades correspondientes al diputado nacional Juan Marino y a las legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vanina Biasi e Ingrid Urrutia.
Denuncias del comité civil sobre el contexto de conflictividad interna y seguridad ciudadana
El pronunciamiento emitido por la delegación argentina detalla que las restricciones de acceso impiden la fiscalización directa de denuncias recopiladas por medios de comunicación y redes sociales durante más de 40 días de conflictividad social bajo la administración del presidente Rodrigo Paz.
El balance presentado por las organizaciones civiles e internacionales asocia las intervenciones de seguridad del Estado con fallecimientos, detenciones de dirigentes de sectores agrarios y campesinos, restricciones a la cobertura de la prensa independiente y presuntas irregularidades en la asistencia médica de heridos en las zonas de manifestación.
Frente a este panorama operativo, la comitiva exhortó a las federaciones sindicales y agrupaciones políticas de la región a mantener el monitoreo sobre el estatus de los observadores rechazados.
Composición técnica de la comitiva de veedores internacionales
La misión de observación de carácter transfronterizo estuvo integrada por un cuadro plural de representantes políticos, gremiales y de la defensa legal de Argentina, entre los que constan:
- Representantes parlamentarios: El diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), junto a las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi e Ingrid Urrutia (ambas pertenecientes al Frente de Izquierda).
- Delegados sindicales y profesionales: Matías Gayol (Partido Piquetero), Soledad Mosquera (Asociación de Docentes), María José Cano (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma) y Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos).
- Activistas y técnicos de organizaciones civiles: Ailén Beraldo, Emmanuel Cuello, Martín Illanez, Andrea Reile, Facundo Nahuel, Matías Bohl, César Villca Tupa, María Pomacusi, Leonardo Arias y María del Rosario Hasperue.
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