Entre los antecedentes presentados por los organismos de DD.HH. a la Corte Penal Internacional, abordaron las manifestaciones pacíficas en ejercicio de la libertad de expresión, iniciadas desde octubre de 2019, fuertemente reprimidas por las fuerzas de orden, además de la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a las demandas sociales cargada de “violencia estatal”.
Hasta la Corte Penal Internacional (CPI) llegó un escrito enviado por el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), acusando al Presidente Sebastián Piñera de crímenes de lesa humanidad.
El documento, dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, pide que el tribunal investigue al Presidente de la República, para después acusarlo e iniciar un juicio en contra suya y de sus colaboradores civiles, militares y policiales.
El texto aludido repasa los crímenes de lesa humanidad que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde el inicio de la revuelta popular, en octubre de 2019.
A las 11:00 horas de Chile se presentó el documento legal ante el tribunal internacional, el cual pide la intervención de la CPI ya que los casos en el país “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
“En segundo lugar,”, agrega el escrito, “para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.
Por otro lado, denuncia que “los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.
Entre los antecedentes presentados por los organismos de DD.HH. a la Corte, abordaron las manifestaciones pacíficas en ejercicio de la libertad de expresión reprimidas por las fuerzas de orden, y la respuesta del gobierno a las demandas sociales cargada de “violencia estatal”.
Para lo anterior, repasaron cronológicamente los hechos ocurridos desde el 6 de octubre de 2019, cuando entró en vigor el alza tarifaria del servicio de transporte público en la Región Metropolitana, gatillando el denominado estallido social.
Crímenes de lesa humanidad
En ese sentido, el documento plantea que el gobierno, junto a las diversas instituciones estatales, “no cumplieron con sus obligaciones establecidas tanto en los tratados internacionales de Derechos Humanos como en la legislación interna aplicable”.
“En efecto, frente a las multitudinarias movilizaciones sociales realizadas durante semanas por el pueblo de Chile que exigía cambios profundos y demandas concretas, en vez de escuchar a su mandante y titular de la soberanía, el pueblo, el Presidente de la República declaró que estaba ‘en guerra’”, acusa el escrito.
Agrega que, en relación a lo anterior, Piñera “decretó un Estado de Excepción constitucional (Estado de Emergencia), dispuso que el Ejército ocupara las calles y optó por la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, configurando un ataque contra la población civil constitutivo de crímenes contra la Humanidad”.
Quienes suscriben el documento aseguran que recurrieron al tribunal internacional porque “las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”.
Asimismo, repasan el “grave incumplimiento” de las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formuló en diciembre de 2019, al constatar que las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente Sebastián Piñera, e implementadas por las autoridades de gobierno, “continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil, a los habitantes de los sectores más vulnerados, así como a los habitantes del histórico territorio Wallmapu”.
Por otro lado, basan sus argumentos en la “asimétrica respuesta” de los Tribunales de Justicia, que ha impuesto y mantenido medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social.
Al mismo tiempo, señalan, “ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha”.
Presentación CPI by Talía Llanos Chacón
Fuente: Agencia Nodal/El Desconcierto
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