Centro poblado de Palca queda sin conectividad vial tras el siniestro en el puente del distrito de Sancos.
El colapso estructural del puente carrozable Ccaccella, en el centro poblado de Palca, ha dejado a más de 6,000 pobladores aislados tras el incremento del caudal del río debido a las lluvias extremas en el sur de Ayacucho.
El alcalde de Sancos, Eder Allcca, denunció que la obra, valorada en aproximadamente 5 millones de soles y ejecutada mediante un convenio entre la minera Sotrami y la comunidad local, se derrumbó antes de ser inaugurada, lo que ha generado serias dudas sobre su calidad constructiva. Ante la interrupción del transporte de alimentos y servicios básicos, la autoridad edil solicitó la intervención urgente del Gobierno Regional y del Ejecutivo Nacional para asistir a los damnificados y restablecer la conectividad en la provincia de Lucanas.
La infraestructura, cuyo proceso constructivo inició en marzo de 2025 con una fecha de entrega proyectada para julio de 2026, evidenció deficiencias críticas al no resistir la primera temporada de crecidas fluviales. El burgomaestre Allcca señaló directamente a la empresa minera Sotrami como responsable de la ejecución, subrayando que la obra formaba parte de un acuerdo de contraprestación por actividades de explotación de oro en terrenos comunales.
La falta de supervisión municipal directa, al tratarse de un convenio privado-comunal, habría facilitado presuntas fallas en el cronograma y en el diseño estructural que derivaron en la pérdida total de la inversión.
La caída del puente Ccaccella no solo representa una pérdida económica millonaria, sino que agrava la vulnerabilidad de las familias de Sancos frente a los eventos climáticos extremos. El aislamiento dificulta el traslado de productos agrícolas y el acceso a medicinas, por lo que el municipio ha demandado apoyo logístico inmediato, víveres y personal técnico para evaluar soluciones temporales.
Este incidente pone bajo escrutinio la fiscalización de las obras de infraestructura rural y la responsabilidad de las industrias extractivas en el cumplimiento de estándares técnicos que garanticen la seguridad y el desarrollo de las comunidades altoandinas.
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