Corte Suprema: el Gobierno publicó el decreto con las designaciones de Lijo y García Mansilla
Tal como se había anunciado, el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto con a designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Decreto 137/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece: «Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En sus considerandos, la norma destaca que «actualmente existen dos vacantes en la Corte Suprema Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora».
Asimismo, sostiene que la Corte hoy cuenta con solo tres ministros, situación que «complejiza su funcionamiento armómico» ya que «se requiere de la unanimidad para la resolución de todos los casos judiciales que lleguen a sus estrados».
En el texto se argumenta que el Senado no trató los pliegos enviados en mayo de 2024 y que, tras el receso legislativo y la finalización del período de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de Lijo y García Mansilla, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional.
“Ambos han cumplido con cada uno de los requisitos procedimentales establecidos tanto en el Decreto N° 222/03 -atribuciones del Presidente para el nombramientos de magistrados- como en el Reglamento del Senado y han agotado todas las instancias de participación allí receptadas», se afirma.
En este sentido, se resalta que «el Senado, en lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política”.
“El silencio de la Cámara alta resulta injustificable, la ubica en falta frente a todo el pueblo argentino y pone en peligro el normal funcionamiento de la Corte. La situación actual sitúa al máximo tribunal ante el riesgo inminente de una parálisis de ejercicio de su función jurisdiccional”, se justifica.
Milei designó a Lijo y García – Mansilla por decreto para la Corte Suprema
El Gobierno del presidente Javier Milei avanzó finalmente en la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado, la Oficina del Presidente criticó al Senado por no haber avalado los pliegos de los dos candidatos de la Casa Rosada.
«El Presidente ha tomado la decisión de nombrar en comisiones a los doctores García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal del país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros», señaló el comunicado de la cuenta de Twitter Oficina del Presidente.
Según acotaron, «durante el plazo mencionado, la administración continuará con el trámite legislativo en la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos».
Y cerraron: «El Gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia».
El comunicado señaló cómo fue el trayecto de las nominaciones de los dos jueces, desde mayo del año pasado, cuando Milei tomó la decisión de nominar a Lijo y García – Mansilla, hasta el cierre del período extraordinario de sesiones del Senado, cuando la Cámara alta no dio aval a los pliegos. De hecho, solo el del primero tiene dictamen de la comisión de Acuerdos.
Los dos jueces fueron a la comisión de Acuerdos en agosto del año pasado y no obtuvieron las firmas necesarias para los dictámenes. También se señaló que, de ser nominados, iban a conformar una Corte Suprema íntegramente de varones.
Milei firmó un llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025, incluyendo a los dos nombramientos. El escándalo cripto de Milei complicó la semana legislativa y la Cámara alta solo se limitó a sancionar el resto del temario enviado por la Casa Rosada.
En ese contexto es que, la semana anterior, «apareció» el pliego de Lijo con las firmas necesarias. En los pasillos del Senado se comentaba que fue el magistrado el que se autogestionó los avales y no la Casa Rosada. «Él viene a garantizar el manejo de la justicia», opinó una voz de la oposición.
El pliego de García- Mansilla, por su parte, no obtuvo dictamen. En su exposición en la comisión de Acuerdos, la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti le consultó si aceptaría una nominación en comisión, habida cuenta que había defendido las nominaciones por esa vía durante el gobierno de Mauricio Macri. «Visto el impacto negativo del impacto del decreto en la opinión pública, no habría aceptado», señaló el candidato.
Hay quienes sospechaban que éste era el verdadero candidato de la Casa Rosada y quien representa el ideario conservador del gobierno mileista. De hecho, en su exposición en la comisión de Acuerdos del Senado, García- Mansilla fue cuestionado por su oposición a la ley de Aborto.
Un detalle a tener en cuenta: el comunicado de la Oficina del Presidente se lo nombra antes que a Lijo. García – Mansilla había reconocido en su exposición en la comisión de Acuerdos que el cargo se lo había ofrecido el asesor presidencial, Santiago Caputo. Fue el cuestionamiento a este último el que puso fuera del bloque de Senadores de La Libertad Avanza a Francisco Paoltroni, que se diferenció del resto de los senadores oficialistas y repudió la postulación de Lijo.
Los nombramientos de Lijo y García- Mansilla: repercusión en el Senado
El Senado, que se encargó de no avalar los pliegos de Lijo y García- Mansilla, reaccionó con rechazo e incertidumbre ante la designación por decreto de los dos candidatos por parte de Milei. El senador del interbloque Unión por la Patria Martín Doñate definió la jugada como un “golpe institucional».
«La maniobra busca repetir la estrategia del macrismo: controlar la Justicia para perseguir opositores y proteger a los suyos. Milei ya cruzó todos los límites y sigue avanzando hacia un modelo sin controles ni instituciones”, indicó el senador por Río Negro.
Desde el peronismo, recordaron que la totalidad de los senadores del interbloque de Unión por la Patria firmaron en noviembre de 2024 un acta en el que se comprometieron a dar un «inmediato rechazo» al pliego de cualquier persona que acepte ser designada en comisión.
Por el lado de la Unión Cívica Radical, los senadores más refractarios a Milei, expresaron su repudio. Tanto Martín Lousteau como Pablo Blanco manifestaron su rechazo a las designaciones de Lijo y García- Mansilla.
“Si Milei hoy puede nombrar jueces de la CSJN es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015”, añadió Lousteau y explicó que “de la misma manera, no sabemos cuánto costará a futuro haber habilitado permitido los más de 45 DNUs que el congreso no trata, cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiera usar el mismo método para hacer lo que quiera”.
El resto de los senadores boinas blancas, que tuvieron una colaboración clave en evitar cualquier tipo de investigación sobre el escándalo cripto de Milei la semana pasada, todavía permanece en silencio.
También permanecieron en silencio los socios del PRO y el interbloque Provincias Unidas. A diferencia de sus compañero de bancada del partido amarillo, Guadalupe Tagliaferri expresó su rechazo en su cuenta de Twitter. «Es una muestra más del autoritarismo de este Gobierno, ya que pasan por encima del Poder Legislativo y destruyen toda credibilidad e independencia del Poder Judicial», sostuvo la porteña, que preside la comisión de Acuerdos.
Por último, Paoltroni afirmó en sus redes que la nominación de los jueces promovidos por Milei «representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente».
Los nombramientos de Lijo y García- Mansilla: los fundamentos de la Rosada
Según el comunicado, «desde el 27 de mayo del año pasado hasta el viernes pasado, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara alta debió haber prestado acuerdo» para los dos jueces. «Sin embargo», continuó el texto, «optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados al cargo».
En ese sentido, señalaron que «la Constitución nacional en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema» Por lo que «el Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses políticos».
«En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución establece que es el Presidente, y nadie mas, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el máximo tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos», indicaron.
Luego, señalaron que «una notable mayoría del arco político respaldó» a los ex presidente Néstor Kirchner y Mauricio Macri «en la designación temprana de de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos». Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aún cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de los tres poderes de la República».
También destacaron que «la Constitución nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura».
«Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación», enumeraron.
Fuente: Agencia Nodal | Página 12 | El Destape
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