La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha desestimado todos los planteos de la defensa del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que se le investiga por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. Paralelamente, el máximo tribunal penal resolvió apartar al juez federal Julián Ercolini por su vínculo personal con el exmandatario.
Los jueces de la Sala II —Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci— confirmaron el procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real. Con esta decisión, la investigación entra en su tramo final y Fernández queda formalmente a un paso de ser enviado a juicio oral para responder por las graves acusaciones.
La Casación aceptó por unanimidad el pedido de la defensa del expresidente de recusar a Ercolini, al considerar que la pérdida de la relación entre ambos podría afectar la imparcialidad del proceso. La defensa argumentó que Fernández y Ercolini pasaron de ser «amigos a enemigos», aportando nuevos elementos que sustentaron el planteo.
El expresidente detalló que fue amigo de Ercolini cuando daban clases en la facultad e incluso gestionó su designación como juez federal. Sin embargo, alegó que posteriormente se enemistaron a causa de fallos judiciales emitidos por Ercolini. También mencionó haberlo denunciado durante su presidencia por el controvertido viaje a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.
La Cámara consideró que los pormenores expuestos por Fernández daban «sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad».
A pesar de apartar a Ercolini, los jueces de Casación mantuvieron la validez de todas las medidas y resoluciones tomadas hasta el momento en el expediente. El apartamiento no implica retrotraer la causa, sino únicamente reemplazar al magistrado en la etapa siguiente del proceso.
La Justicia también descartó otros pedidos de la defensa, como los intentos de anular la causa o trasladar el expediente a los tribunales de San Isidro.
En su resolución, la Cámara Federal de Casación Penal recordó los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de los derechos de las mujeres, citando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Los compromisos obligan al Estado a garantizar una respuesta judicial efectiva ante hechos de violencia de género.
Los elementos de la causa se originaron, entre otras pruebas, en mensajes de WhatsApp en los que Yañez relataba a la secretaria privada de Fernández haber sufrido agresiones.
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