El Congreso de la Nación inició las audiencias públicas para reformar la Ley de Glaciares en un clima de alta tensión y denuncias de irregularidades.
La controversia central radica en la restricción de la participación ciudadana: de los más de 102,000 inscriptos, solo el 0.3% (aprox. 400 personas) fue habilitado para exponer de manera directa, lo que la oposición y diversos sectores ambientales han calificado como una «audiencia fraudulenta» o una «farsa».
Restricciones y reclamo de nulidad
Diputados de bloques opositores presentaron una impugnación formal ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando la nulidad de las jornadas y una nueva convocatoria. Argumentan que el proceso vulnera el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional al aplicar criterios discrecionales para seleccionar a los oradores y reducir el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos sin previo aviso. Esta estrategia busca sentar las bases para una futura judicialización de la reforma si llega a sancionarse.
Posturas encontradas: Minería vs. Protección Ambiental
- Sector Crítico: Exdiputados como Marta Maffei (autora de la ley vigente) advirtieron que el proyecto del Senado deroga las claves de protección de los glaciares, permitiendo que las provincias ignoren recaudos legales bajo el pretexto de atraer inversiones a través del RIGI. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron que el proyecto es regresivo e inconstitucional.
- Sector Oficialista y Aliados: El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la reforma argumentando que la minería es ineludible para el desarrollo económico y que no existe una dicotomía real con el cuidado del agua, dado que la actividad minera consume solo el 3% del recurso en su provincia. Por su parte, el oficialismo defendió la modalidad de la audiencia alegando que la masividad de inscriptos obligó a establecer filtros.
La jornada estuvo marcada por problemas de acceso en el Anexo C del Congreso, donde expositores citados por correo electrónico no figuraban en las listas de seguridad. Mientras el Gobierno intenta acelerar el trámite para otorgar seguridad jurídica a las inversiones mineras en zonas actualmente protegidas, las provincias «aguas abajo», como La Pampa, manifestaron su preocupación por el impacto que estas decisiones tendrán sobre su supervivencia hídrica y soberanía territorial.
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