El Gobierno de Argentina ha oficializado la Emergencia Ígnea mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la pérdida de más de 230,000 hectáreas en la Patagonia. La medida busca dar respuesta a los incendios forestales que afectan la región desde principios de enero, impactando severamente en parques nacionales y zonas rurales.
Como parte de las acciones inmediatas, el Ministerio de Seguridad dispuso una partida de 100,000 millones de pesos destinada a 1,062 asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país, con el fin de fortalecer la logística en las áreas más críticas.
La oficialización de la emergencia se produce tras una reunión en Casa Rosada donde participaron figuras clave como Karina Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich. El operativo federal actual cuenta con 426 brigadistas y 20 aeronaves, según datos compartidos por el Poder Ejecutivo.
No obstante, la situación en provincias como Chubut sigue siendo compleja debido a las condiciones climáticas y la necesidad de mayores insumos técnicos para los equipos que operan en el terreno.
Informes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten sobre un retroceso en el financiamiento del sector tras la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Las proyecciones para el Presupuesto 2026 prevén una caída real del 71.6% en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en comparación con el año anterior.
Esta reducción de fondos responde a la política de superávit fiscal impulsada por la administración central, lo que ha generado preocupación en agrupaciones ambientales por la capacidad de respuesta ante futuras contingencias.
En paralelo a la crisis ígnea, el Ejecutivo avanza en el temario de las sesiones extraordinarias, que incluye la modificación de la Ley de Glaciares y una reforma laboral. A pesar de los pedidos de los gobernadores patagónicos para incluir la emergencia ígnea en el debate parlamentario, el Gobierno ha optado por la vía del decreto para agilizar los tiempos.
Respecto a la reforma laboral, desde el entorno presidencial se ha confirmado que no habrá cambios sustanciales en el artículo sobre el impuesto a las ganancias, manteniendo firme la postura oficial frente a los reclamos de los mandatarios provinciales y las centrales sindicales.
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