La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización hacia el Congreso para el próximo martes 9 de diciembre. La medida de fuerza busca manifestar el rechazo del sindicato a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y protestar contra el intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que la protesta se dirige contra el proyecto de reforma laboral que el Gobierno ha estado anunciando y que, según declaraciones de la senadora electa Patricia Bullrich, ingresaría al Senado de la Nación la próxima semana.
Aguiar sostuvo que la propuesta oficial es una “reforma pro mercado” cuya única finalidad es el “disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. En un comunicado, el dirigente argumentó que no es verídica la intención de mejorar la competitividad o la productividad mediante la supresión de derechos laborales, citando que medidas similares aplicadas en distintos países durante la crisis económica global de 2009 y 2010 «fracasaron».
ATE recordó que el periodo de mayor creación y registro de empleo en el país fue entre 2002 y 2012, época en la que existía la doble indemnización, lo que, a su juicio, prueba que la solución a la crisis pasa por «poner en valor las convenciones colectivas».
Reclamos salariales y recortes en el estado
La protesta del 9 de diciembre incorpora un fuerte reclamo por la pérdida de poder adquisitivo que se ha profundizado en el sector público. Aguiar insistió en que los trabajadores de la Administración Pública se niegan a ser empujados «por debajo de la línea de pobreza», y exigió la convocatoria a paritarias y la otorgación de una recomposición salarial de emergencia inmediata.
El sindicato recordó que el Ejecutivo realizó una convocatoria virtual el pasado viernes 28 de noviembre, a la cual ATE asistió sin recibir una propuesta concreta.
Otro punto central de la protesta es el rechazo al intento de recorte del 10% de trabajadores en el Estado, una medida que el Gobierno intentaría aplicar en organismos descentralizados clave como la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la ANSES, el ENARGAS, el INTA, el INTI y el ENACOM, entre otros.
La medida de fuerza fue votada por unanimidad en el Confederal de ATE el 27 de noviembre en San Luis y su convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implicará el retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 horas, mientras que cada provincia definirá las modalidades locales de protesta.
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