Con 15 votos a favor y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final respecto de la DC 366 contra de los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, y los ex fiscales supremos César Hinostroza Pariachi y Tomas Gálvez Villegas.
La materia de la denuncia, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, es por antejuicio político por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado contenido en el artículo 400 del Código Penal, delito de cohecho pasivo impropio contenido en el artículo 394 del Código Penal y delito de organización criminal contenido en el artículo 317 del Código Penal en agravio del Estado peruano.
Los hechos Investigados en la Denuncia Constitucional 366 son los siguientes:
Hecho 1: “Favorecimiento al rondero segundo Villalobos”.
Se le imputa al ex fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas el haber solicitado al ex juez supremo César Hinostroza interceda en favor del rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate en la casación N.° 1654-2017, en su condición de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Hecho 2: “Favorecimiento a la empresa Corefo”.
Se le imputa a César Hinostroza el haber solicitado a Tomás Gálvez interceda en favor de Mauricio Arrieta en el recurso de casación interpuesto por su empresa Ediciones Corefo S.A.C..
Hecho 3: “Favorecimiento al fiscal anticorrupción Walther Delgado en su proceso por violencia familiar”.
Se le imputa al ex fiscal supremo Gálvez el haber solicitado al exjuez Hinostroza interceda en favor del fiscal supraprovincial anticorrupción, Walther Javier Delgado Tovar, en un proceso por violencia familiar formulado por su cónyuge en su contra.
Hecho 4: “Favorecimiento al postulante Walther Delgado en la convocatoria para la plaza de fiscal superior penal”
Se les imputa a César Hinostroza, a Tomás Gálvez y a los exmiembros del desactivado CNM, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, interceder en favor del fiscal supraprovincial anticorrupción, Walther Delgado Tovar, en la Convocatoria N.° 008-2017-SN/CNM, en la cual postulaba a la plaza de fiscal superior penal de Lima.
Hecho 5: “Pertenencia del fiscal supremo Tomás Gálvez a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto”
AUDIENCIA DE LA DENUNCIA 379
Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de la DC 379, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra del excongresista Clemente Flores Vílchez por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 394 y 400 artículo del Código Penal, respectivamente, ilícitos en los que habría incurrido el denunciado durante el ejercicio de sus funciones congresales, en agravio del Estado.
En representación de la Fiscalía de la Nación participó el fiscal Ludgardo Ramiro Gonzales Rodríguez, quien fundamentó los hechos de la denuncia en el sentido que el denunciado se habría reunido en mayo de 2017 en su oficina de Lima, con el entonces alcalde David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse, Néstor Salinas Vásquez, Nilton César Monje Sampen, Juan Carlos Pérez Bautista y Miluska Quispe Zárate, oportunidad en la que luego de que los tres últimos citados se retiraron a pedido del alcalde, este último requirió al excongresista que gestione obras a favor de su comuna y, a cambio le entregaría el 5 % por cada una de ellas, propuesta que fue aceptada por el denunciado.
“Todos los funcionarios han declarado que hubo reunión en el despacho del congresista, ofrecía gestionar financiamiento porque él tenía un cupo en Peruanos Por el Kambio y se encargaría de gestionar obras y un polideportivo. No fue solo un ofrecimiento, sino que existieron estas coordinaciones”, dijo el fiscal.
En su defensa, el excongresista Flores aseveró que el fiscal está tratando de justificar lo indefendible.
“Si revisamos completa toda la denuncia, se puede evidenciar clarísimamente que ningún testigo corrobora lo dicho por el señor Cornejo Chinguel. Yo lo reto al fiscal que empiece a leer las declaraciones textuales de los testigos Néstor Salinas y Nilton Monge que dice que el señor Willy Serrato habló en un momento que supuestamente el alcalde me ofrecía una coima del 5 %. Ellos nunca escucharon esa reunión y nunca se trató de eso”, sostuvo.
En la denuncia se señala que el excongresista se habría reunido en junio de 2018 con el entonces alcalde David Cornejo Chinguel, en el domicilio de este último en la ciudad de Chiclayo, donde estuvieron presentes los señores Edgardo Michael Llontop Ruíz, Nilton César Monje Sampen y la señora Mireille Vanessa Martínez Arévalo, oportunidad en la que le requirió apoyar la campaña electoral del candidato de su partido PPK, Edgardo Michael Llontop Ruíz, con recursos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Así también que inscriba a Nilton César Monje Sampen, Huancas Ojeda y Mireille Vanessa Martínez Arévalo como candidatos a regidores por ese mismo partido; y a cambio él se encargaría de gestionar las reuniones para agilizar las obras de la reconstrucción y que al término de su mandato lo haría nombrar prefecto de la región Lambayeque, habiendo obtenido para dicha comuna la suma de 45 millones de soles, al haber utilizado su “cupo” como congresista de la República y por tener acceso directo al presupuesto.
“La denuncia está basada en testimonios de personas que están siendo procesadas, de personas que no han sido aprobadas como colaboradores eficaces y en testimonios de personas que no han sido corroboradas”, dijo el abogado defensor del denunciado, Aníbal Quiroga, quien agregó que en consecuencia no existe un elemento probatorio firme que sostenga esta denuncia.
El letrado agregó que no hay ningún acto de ejecución ni un acto probatorio que acredite que eso se llevó a cabo, solo los dichos de personas que están siendo procesadas ante el Poder Judicial que declaran lo que ciertamente creen que les conviene dentro de los procesos. Por todo, ello expresó su posición a favor de archivamiento de la denuncia.
APRUEBAN MOCIÓN
Con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención fue aprobada una Moción de Orden del Día, en la cual los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales reafirman su compromiso de trabajar de manera continua y de manera interrumpida respecto de denuncias constitucionales de alto interés público por la gravedad del hecho, ya sea por lesión a la Constitución o a la ley penal.
También, rechazan algunas expresiones que habría brindado la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, “por faltar a la verdad y agraviar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
Además, la solicitan la respectiva rectificación de esas declaraciones a fin de “resarcir el agravio a la imagen de la institución de la cual somos parte”.
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