Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sostuvo hoy que su reincorporación y de Inés Tello como miembros plenos de este organismo, restauran plenamente su funcionalidad, con el quorum de ley reglamentario.
Vásquez acudió esta mañana a la JNJ a retomar sus funciones, luego de que el pleno de este organismo los reincorporó, en cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial que declaró nulo el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e inaplicable la inhabilitación del pleno del Congreso por 10 años en el ejercicio de la función pública.
“En este momento nos vamos a reincorporarnos a las funciones, es lo que corresponde, en su momento se verá cada circunstancia, hoy lo que corresponde es restaurar plenamente la funcionalidad de la JNJ, con su quorum de ley”, declaró a la prensa al ser consultado si acudirá a instancias internacionales.
Consultado respecto a los cuestionamientos del Congreso a la resolución judicial que declara inaplicable la decisión del pleno que los inhabilita, Vásquez dijo que siempre prevalecerá el estado de derecho.
“Me permite, humildemente, decirle a la ciudadanía que siempre prevalecerá el estado de derecho”, apuntó.
Hoy también acudió a la JNJ Inés Tello, para retomar sus funciones.
Ambos miembros de la JNJ, elegidos en concurso público, fueron inhabilitados por el Congreso por 10 años para el ejercicio de la función pública, al considerar que infringieron la Constitución permitiendo la continuidad de Tello tras cumplir los 75 años, edad límite para integrar este organismo.
Tras esta decisión, el Poder Judicial, mediante una medida cautelar, repuso a Tello y Vásquez en la JNJ, sin embargo el Tribunal Constitucional anuló la medida en tanto el Poder Judicial se pronunciaba sobre el fondo de esta demanda, lo que ha ocurrido.
El Congreso apeló ayer la decisión del Poder Judicial que declara inaplicable la resolución del pleno que los inhabilita por 10 años en el ejercicio de la función pública y el TC además anunció que pronto se pronunciará sobre una demanda competencial planteada por el Congreso.
Fuente: Agencia Andina
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