Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC), la presidenta Dina Boluarte firmó el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Esta acción fue presentada como un compromiso del Perú con la protección ambiental global, pero ha generado una fuerte polémica respecto a sus posibles implicancias para la soberanía marítima y la gestión de recursos naturales.
El tratado busca establecer un marco legal internacional para preservar los ecosistemas marinos en alta mar, zonas que actualmente carecen de regulación sólida. Sin embargo, voces críticas han advertido que este tipo de compromisos podrían limitar el margen de acción del Estado en temas sensibles como el aprovechamiento de recursos naturales y el control de actividades económicas en el entorno marítimo.
Uno de los pronunciamientos más visibles provino del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Liendo O’Connor, quien alertó públicamente sobre lo que considera una “adhesión silenciosa” a la Convención del Mar (CONVEMAR), un tratado que el Perú ha evitado ratificar por temor a comprometer su soberanía marítima.
En su mensaje difundido el 08 de junio, Liendo mostró preocupación por el eventual ingreso de empresas extranjeras a áreas próximas a la costa peruana bajo una figura de “control limitado” del Estado. “Petróleo a 30 millas de Lambayeque y Trujillo”, se lee en su advertencia visual, acompañada de mapas de concesiones.
Desde el Ejecutivo, no obstante, se ha enfatizado que el Acuerdo BBNJ no afecta los derechos soberanos del Perú sobre sus 200 millas de mar territorial, y que su firma busca más bien establecer reglas comunes para conservar la biodiversidad en alta mar, facilitar la investigación científica y garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Pese a estas aclaraciones, las dudas persisten en sectores que consideran que los acuerdos multilaterales de este tipo deben ser evaluados con mayor transparencia y debate público. Para ellos, firmar compromisos sin un proceso de consulta amplio podría implicar cesiones graduales en áreas estratégicas, especialmente en lo que respecta a pesca, hidrocarburos y seguridad marítima.
En un contexto de creciente presión internacional por adoptar estándares globales en materia ambiental, el Perú se enfrenta al reto de equilibrar su responsabilidad internacional con la defensa de sus intereses nacionales. Como ha quedado claro en esta controversia, hay sectores que exigen una línea firme frente a cualquier decisión que pueda comprometer ese equilibrio. Y en sus palabras, la consigna es clara: “Al Perú se le respeta.”
