Así lo alertan los líderes indígenas de las cinco cuencas de Loreto, quienes se reunieron con la Ministra de Salud, Patricia García, que aseguró que un plazo máximo de una semana se declarará el estado de emergencia sanitaria en la zona, lo que significa que se priorizará los recursos para la atención médica inmediata a las comunidades afectadas por el petróleo.
La intervención en salud según la Ministra, ejecutaría los estudios toxicológicos y epidemiológicos. Desde las organizaciones indígenas la solicitud de forma específica es que se ejecute en todas las cuencas de manera integral en el Corrientes, Pastaza, Tigre, Marañón y Chambira.
“Desde las organizaciones indígenas del circuito petrolero afectados históricamente exigimos que el gobierno declare la emergencia de inmediato y tome acciones concretas y reales, necesitamos agua potable, necesitamos atención médica. NO podemos dejar que nuestros niños se sigan muriendo lentamente a causa del plomo, TPH, el cadmio, etc.” Exhortaron las organizaciones que exigen se garantice el derecho al acceso al agua limpia, por ser un derecho fundamental y el cumplimiento del Acta de Saramurillo.
Además, comentaron que es irresponsable de los sectores del Estado, que tomen acciones de manera demorada “Nosotros somos testigos de la matanza a nuestros pueblos a causa de la contaminación petrolera que ya lleva más de 40 años. Por eso es que uno de los puntos del Acta de Saramurillo, que queremos se aplique ya, es que se tenga una Comisión de la Verdad, que investigue y saque a la luz nuestra realidad, nuestras demandas justas” expresaron los Apus.
Agregaron también, que el día de mañana jueves 15 de junio se hará una reunión de trabajo convocada por la PCM (luego de mucha insistencia y el apoyo de los medios que cubrieron nuestra solicitud) en el local del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (quién asume la coordinación de la comisión) desde las 8 de la mañana.
Estarán en esta reunión, los representantes de las 16 organizaciones de la lucha en Saramurillo, alcaldes de las zonas afectadas, Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerio de Educación.
Datos importantes:
•A raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria en el 2014 el Estado contrató una empresa privada (INCLAM) que instaló plantas de agua provisionales en algunas comunidades de las cuencas afectadas. El monitoreo de la calidad de agua de estas plantas le corresponde a DIGESA: El resultado fue que en las plantas en el rio Tigre; según un monitoreo efectuado en marzo 2016 solo fueron socializados con las comunidades en diciembre 2016 (casi un año después). Asimismo, indicaron que por lo menos la mitad de las plantas son deficiencias y no ofrecen garantías.
•La Jueza de Nauta (Loreto) dio un plazo de 30 días al MINSA para diseñar una política pública de emergencia en favor de las víctimas del derrame de la comunidad Cuninico (derrame de 2500 barriles de petróleo en junio del año 2014), luego de que haber declarado infundado el recurso de oposición presentado por el Ministerio en cuestión.
•Es importante que se haga monitoreo de manera regula, efectiva y con participación de los monitores ambientales indígenas capacitados.
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