El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, garantizó la continuidad de la totalidad de las políticas de asistencia social durante su actual administración y desmintió de manera categórica las versiones sobre posibles recortes presupuestarios en dichas coberturas.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo tras la circulación de reportes sobre un eventual ajuste en las partidas destinadas al sector. Mediante un mensaje en video difundido en sus canales oficiales, el gobernante rechazó los rumores y atribuyó la desinformación a sectores de la oposición política.
Al respecto, el mandatario afirmó que la extrema derecha recurre a la difusión de noticias falsas para sostener que se eliminarán las coberturas públicas. Sobre ello, remarcó de forma tajante que ningún programa social será desactivado en el país.
La precisión de la Casa de Planalto ocurre en medio del debate técnico respecto a la sostenibilidad de las finanzas estatales. De acuerdo con cifras oficiales de los últimos doce meses, el déficit nominal acumulado del sector público se ubicó en 1,2 billones de reales, monto equivalente a unos 235.090 millones de dólares.
Entre las medidas que el Ejecutivo ratificó para el presente periodo figuran las becas para estudiantes universitarios, los mecanismos de reestructuración de deudas para microempresarios y la gratuidad del transporte público urbano durante los fines de semana. Según estimaciones gubernamentales, la ejecución integral de este paquete representa un costo anual aproximado de 47.000 millones de reales, equivalentes a 8.817 millones de dólares.
Asimismo, el presidente reafirmó la intención de cumplir los compromisos de campaña, contemplando tanto la ampliación de los programas vigentes como la creación de nuevas herramientas de asistencia para sectores vulnerables.
En paralelo, la administración brasileña enfrenta el reto de ordenar las cuentas del Tesoro Público. El equipo económico busca avanzar con un plan de ajuste fiscal que permita cumplir con la meta de cerrar el año 2026 con un déficit primario del 0,25 % del Producto Bruto Interno (PBI) y alcanzar un balance neutro hacia el año 2027.
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