Según una investigación periodística, el sector denegó el desembolso de noventa y cinco mil soles a colaboradores cuyas alertas facilitaron detenciones clave, una práctica que exmandos policiales cuestionan por centralizar los méritos operativos exclusivamente en las fuerzas del orden.
El Ministerio del Interior rechazó el pago de un total de 95.000 soles a dos informantes que proporcionaron datos determinantes para la captura de dos prófugos incluidos en la lista de “los más buscados”, pese a que documentos policiales y resoluciones oficiales reconocen sus aportes, según reveló una investigación periodística.
Los casos corresponden a Adolfo Mattos Vinces, un general de la Policía Nacional requerido por corrupción y fraude, por cuya ubicación se ofrecían 80.000 soles, y Isidoro Moreno Ocas, un agricultor investigado por secuestro, por quien se había fijado una recompensa de 15.000 soles.
Obstáculos administrativos y denegación de pagos
De acuerdo con la información difundida, el colaborador registrado bajo la clave “LOSANDES4MVA” entregó en junio la ubicación exacta de Mattos, quien se encontraba oculto en una vivienda del distrito de La Molina. Tras labores de vigilancia, la Policía detuvo al exjefe de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, vinculado a una presunta estafa millonaria que afectó a miles de agentes.
Sin embargo, el portafolio ministerial liderado por César Astudillo desestimó el pago bajo argumentos administrativos, exigiendo detalles específicos como el número de manzana y lote, además de un documento con firma autógrafa, desatendiendo los protocolos de reserva de identidad.
Un escenario similar se registró con el informante identificado como “LAPURLA05MOI”, cuya información permitió ubicar a Moreno en un caserío de Cajamarca en julio. Aunque la policía confirmó la efectividad de los datos, la Comisión Evaluadora de Recompensas denegó el desembolso de los 15.000 soles al alegar que el aviso no constituyó la causa única de la intervención debido a un seguimiento policial paralelo.
El comandante retirado Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, advirtió que estas restricciones administrativas buscan restar mérito a los informantes para atribuir todo el éxito a la labor policial.
El exmando señaló que esta situación vulnera la confianza ciudadana y expone a un peligro extremo a quienes deciden colaborar con la justicia, recordando que otros incentivos económicos de gran envergadura, como los ofrecidos por la captura de prófugos internacionales, tampoco han sido honrados por el Estado. Por su parte, el ministerio indicó que el programa se encuentra en un proceso de reestructuración interna sin precisar el destino de los fondos bloqueados.
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