El Ejecutivo aprueba beneficios fiscales al combustible para transporte, agricultura y pesca tras una semana de paros que generaron escasez de alimentos.
El Gobierno italiano aprobó un paquete de ayudas extraordinarias por 540 millones de euros destinado a mitigar el impacto de la alza del combustible en el transporte, la agricultura y la pesca. Pese al anuncio oficial encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, colectivos de transportistas mantienen los bloqueos de carreteras en las regiones de Campania y Calabria, cumpliendo siete días de movilización continua.
Las interrupciones en el tránsito pesado provocaron episodios de desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en supermercados del sur del país, especialmente en Nápoles, debido a la alta dependencia de la red vial frente a la infraestructura ferroviaria.
Asimismo, los paros afectaron la cadena de suministro de carburante en cinco aeropuertos de la nación europea.
Inyección financiera y medidas tributarias para los sectores afectados
El decreto-ley firmado por el Consejo de Ministros viabiliza el desembolso de 434 millones de euros preexistentes, a los que se sumarán 106 millones adicionales a partir de noviembre para cubrir compromisos pendientes con el gremio del transporte. La medida habilita el cobro anticipado de créditos fiscales correspondientes al período marzo-agosto de 2026 y evalúa el aplazamiento de las cuotas de leasing de vehículos pesados.
Para el sector primario, el Ejecutivo destinó 60 millones de euros dirigidos a subsidiar el gasóleo agrícola en 45 céntimos de euro por litro, además de una partida de 10 millones de euros para la industria pesquera. Asimismo, el viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, confirmó la implementación del denominado «método español», mecanismo que permite trasladar la fluctuación del costo del combustible al contratante del servicio de carga.
Durante la presentación del decreto junto al ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, la primera ministra demandó el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza y denunció coacciones y daños a unidades de transporte que intentaron prestar servicio durante la huelga.
Meloni advirtió que el Estado empleará el marco legal vigente, incluyendo las tipificaciones penales del decreto de seguridad sobre el bloqueo de vías públicas, para restablecer el orden. Por su parte, Lollobrigida calificó las interrupciones de tráfico como injustificadas, tras señalar el severo perjuicio económico derivado de la pérdida de productos perecederos en el sur de Italia.
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