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Artículo de opinión
El día de ayer, las bancadas Obras, Renovación Popular y Fuerza Popular, llegaron a un consenso en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado y aprobaron el dictamen recaído en la iniciativa legislativa presentada el 28 de agosto de 2026 por el Poder Ejecutivo referido a delegación de facultades legislativas.
El acuerdo arribado en la comisión principal el Senado, agrega siete puntos a los veinte que fueron recogidos en el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados el 06 de octubre último. El Poder Ejecutivo había solicitado la delegación de facultades para legislar en sesenta y seis puntos, agrupados en ocho materias.
Como todo esfuerzo por lograr un acuerdo, las bancadas involucradas en él ajustaron sus expectativas al punto en que podía alcanzarse. Sin duda alguna, las tres bancadas actuaron en consonancia con los trece principios generales reconocidos por el Reglamento del Congreso de la República, norma con naturaleza y fuerza de ley orgánica conforme prevé el artículo 94° de la Constitución Política del Perú. De estos trece principios generales, cabe destacar – con fines meramente ilustrativos – los referidos al de lealtad constitucional y defensa de valores democráticos y el de primacía del interés público.
Como tengo señalado en anteriores artículos de esta columna, el Perú atraviesa una situación que requiere medidas urgentes no solo en cuanto a seguridad ciudadana y el Fenómeno del Niño, sino también de reforma estructural del Estado mismo y del aparato productivo del país, para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de una sociedad políticamente organizada y la generación de los recursos necesarios para sostener esa misión.
El Poder Ejecutivo, al presentar el proyecto de ley para el otorgamiento de facultades legislativas delegadas, sustentó detalladamente cada uno de los sesenta seis puntos, en una Exposición de Motivos que lamentablemente las cúpulas de los otras tres bancadas, autoaisladas, ni siquiera se dieron el trabajo de leer antes de apresurar su anuncio negativo a otorgar lo solicitado.
Resulta, además, patético que quienes tienen cercanía ideológica con el extremismo marxista leninista maoísta que dañó al Perú y a los peruanos en la década de los ochenta y primeros años de los noventa, haya querido justificar su prejuiciada negativa a otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, pretendiendo sembrar miedo a través de la narrativa de que la lucha contra el crimen organizado será dirigida contra las asociaciones ciudadanas. Ello no solo refleja su malicia sino también su descarada y contradictoria voluntad de desprestigiar a tales colectivos ciudadanos.
El Perú necesita Orden y lo tendrá!
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