La asociación nativa denunció que tanto el Ejecutivo como la administración regional de Loreto boicotean de manera deliberada el establecimiento de territorios intangibles para las poblaciones vulnerables.
La principal confederación nativa de la Amazonía peruana demandó a la cooperación internacional congelar la entrega de recursos económicos destinados al Estado. La organización, que congrega a 9 entidades regionales, 109 federaciones y 2,439 comunidades, emitió un pronunciamiento en el que denuncia al Ejecutivo y al Gobierno Regional de Loreto por desacatar sus compromisos ambientales y amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Según reportaron diversos medios, la dirigencia sostiene que las instituciones públicas actúan de mala fe para frenar el establecimiento de áreas territoriales protegidas, a pesar de percibir partidas presupuestales para la conservación amazónica.
El pronunciamiento detalla que ministerios y organismos como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reciben importantes partidas mediante la Declaración Conjunta de Intención (DCI).
Este esquema multinacional, integrado por Noruega, Alemania, Reino Unido, el Banco de Desarrollo Alemán y el Banco Mundial, financia la mitigación del cambio climático y la gestión forestal sostenible. No obstante, la representación indígena recrimina que, en el seno de la Comisión Multisectorial PIACI, los delegados estatales han desestimado de forma reiterada y sin sustento técnico los expedientes legales para la delimitación de nuevas reservas.
Antecedente en Yavarí Mirim y la alerta sobre el ámbito Atacuari
La dirigencia indígena recordó que esta postura obstructiva quedó de manifiesto con la desaprobación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, medida que dejó sin amparo legal a más de 1.16 millones de hectáreas de bosques y al territorio de cinco comunidades no contactadas.
Ante la evaluación del Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) financiado por la propia DCI para la propuesta Reserva Indígena Atacuari, el gremio alertó que rechazar la evidencia científica configuraría una grave vulneración de los convenios climáticos internacionales.
Finalmente, las organizaciones exhortaron al Estado a validar los peritajes técnicos vigentes para garantizar la integridad territorial y los derechos fundamentales de los pueblos vulnerables.
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