Articulo de opinión
Toda nación civilizada, exitosa y pragmática descansa sobre tres pilares: autoridad, legalidad e inteligencia. Sin este último elemento, los dos primeros se derrumban. La inteligencia estatal no es algún accesorio burocrático y menos cualquier ostentación tecnocrática, sino una fundamental función constitucional para garantizar la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la continuidad del Estado. El Perú, lamentablemente, ha renunciado a esta función durante un largo cuarto de siglo. Ahora estamos pagando las consecuencias con anarquía, sangre y pérdida de soberanía.
La Constitución peruana es determinante: el Presidente de la República dirige la política general del gobierno, garantiza el orden interno y la seguridad externa, y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ninguna de estas funciones puede formalizarse sin un sistema de inteligencia eficiente, capaz de anticipar amenazas, de infiltrar las organizaciones criminales, monitorear actores subversivos y proteger la infraestructura crítica del Estado. La inteligencia no es opcional: es un incuestionable mandato constitucional.
Sin embargo, cuando el año 2000 Alejandro Toledo debió erradicar la politización del SIN por el régimen de Alberto Fujimori, hizo todo lo contrario. Capturó la DINI y sus sistemas sectoriales, colocando a operadores ideológicos, activistas caviares y funcionarios socialistas que liquidaron todo atisbo de profesionalismo, desmantelando unidades operativas, prohibiendo la infiltración en organizaciones criminales y reinstitucionalizando la inteligencia como organismo de espionaje político al servicio del socialismo caviar.
Esa ceguera permitió que este país fuera invadido por mafias extranjeras. El autodeclarado socialista Pedro Pablo Kuczynski abrió las fronteras sin control, registro y sin inteligencia; y los gobernantes de izquierda que le siguieron mantuvieron esa política suicida. Actualmente, bandas venezolanas y colombianas manejan la extorsión, la trata de personas, el sicariato y narcotráfico en las principales ciudades del país. Pero el Estado no anticipó nada porque no tenía inteligencia. Y sin anticipación, jamás habrá defensa.
La consecuencia es devastadora: el Perú enfrenta ahora una crisis de seguridad sin precedentes, con un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos que mueren asesinados diariamente por tanto descontrol ante el crimen. La inteligencia nacional no produce análisis estratégico, no infiltra redes criminales, no monitorea actores subversivos ni detecta amenazas externas y, obviamente, no protege infraestructura alguna. Es un aparato estatal absolutamente canalla, transformado en una verdadera amenaza constitucional.
La elección de Keiko Fujimori abre una oportunidad histórica para corregir este error monumental. Reconstruir el sistema de inteligencia no es un acto político: es una obligación constitucional. Es la única forma de restablecer la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. No se trata de replicar el otrora SIN. Hablamos de recuperar su eficacia operativa bajo estándares democráticos y controles republicanos, como hay en el mundo entero. Obviamente, la corrupción —y su correlato socialista caviar— reniega de aquello porque vive de destruir el Estado.
Sin inteligencia, jamás tendremos seguridad, gobernabilidad ni nación. Seguiremos siendo un territorio abandonado, jamás una República funcional. La reconstrucción del Sistema Nacional de Inteligencia no es urgente: es existencial. Porque una nación sin inteligencia es una nación sin futuro.
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