La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron la apertura de cuatro nuevas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En la presentación oficial encabezada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano precisó que los nuevos trabajos buscan subsanar omisiones detectadas en las actuaciones precedentes y determinar responsabilidades institucionales e individuales en el ocultamiento o desestimación de elementos probatorios.
El informe gubernamental puso el foco en la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo convocado en su momento a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según los datos expuestos por las autoridades, la labor del grupo técnico presentó inconsistencias y omisiones en la evaluación de indicios que se encontraban integrados en el expediente original.
La Secretaría de Gobernación detalló que las erogaciones oficiales destinadas al financiamiento y sostenimiento operativo del GIEI ascendieron a un total de 36 millones 918 mil 944 pesos. Las autoridades señalaron que las investigaciones en curso abarcarán tanto el desempeño técnico como las posibles responsabilidades administrativas o legales derivadas de la gestión de las pruebas durante las etapas previas del proceso.
Entre los elementos presentados como parte del nuevo impulso indagatorio se encuentra la incorporación de un testimonio clave correspondiente a un testigo presencial que, al momento de los hechos, era menor de edad. De acuerdo con las actuaciones preliminares, esta persona habría participado forzadamente en el traslado y acopio de las víctimas en vehículos de carga bajo las órdenes de un grupo delictivo local, aportando detalles sobre las causas de fallecimiento de un sector de los estudiantes.
Paralelamente, el proceso judicial registra avances significativos tras la vinculación a proceso y dictamen de prisión preventiva contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. El exmandatario estatal es procesado por su presunta responsabilidad en la orden de destrucción de dos registros en video que contenían evidencia crucial sobre los acontecimientos registrados en Iguala. Esta medida responde a una exigencia sostenida por los familiares de las víctimas desde el inicio del proceso penal.
A 12 años de la desaparición de los jóvenes, organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y sectores estudiantiles acompañaron a las madres y padres de los 43 normalistas en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México bajo la consigna central de ubicación y justicia. En el marco de estas jornadas, los familiares sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, a quien formalizaron el pedido para que el alto tribunal atraiga y resuelva los recursos de amparo que se encuentran pendientes en el sistema judicial.
A pesar de los anuncios sobre la reestructuración de los equipos de investigación y las nuevas acciones penales, las familias de los normalistas reiteraron que la prioridad de las instituciones del Estado debe centrarse en la determinación fehaciente del paradero de sus hijos y en el esclarecimiento total de la participación de todos los estamentos estatales y fuerzas de seguridad involucrados.
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