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En las dos últimas semanas me he referido a los aspectos constitucionales y legales —que serán siempre el punto de partida para el análisis y comprensión de su naturaleza— del sistema de bicameralidad y de un mecanismo inherente a él, como es el poder-deber de revisión por parte del Senado respecto de las normas jurídicas, cuyo proceso de formación o iter legislativo inicia en la Cámara de Diputados.
Como tengo señalado, el diseño con el que se restableció en marzo de 2024 la bicameralidad tiene carácter unidireccional y no así de reenvío entre ambas cámaras, como fue en el pasado, es decir, en la actualidad el proceso legislativo inicia en Diputados y termina en el Senado.
Ya he demostrado legal y lógicamente que el poder de revisión del Senado no puede ser menor al que significaba el mecanismo de segunda votación que regía para el Congreso unicameral vigente hasta julio de 2026. En aquella segunda votación se podía debatir y revisar la totalidad de lo aprobado en primera votación. Lo hacía el mismo grupo de representantes.
Con la bicameralidad, se supone de principio que existe la posibilidad de una mayor reflexión, no solo porque se volverá a estudiar el tema, sino que lo hará un grupo distinto de personas, tal cual, mutatis mutandis o cambiando lo que debe ser cambiado, permite el mecanismo de pluralidad de instancia, que es una garantía universal de la función jurisdiccional reconocida en las constituciones políticas de todo el mundo y en diversos tratados internacionales.
Ahora bien, sin razón alguna, lo descrito hasta aquí parece no ser entendido cabalmente por algunos actores políticos y hasta les causa preocupación y escozor. Ellos pretenden incluso crear una imaginaria tensión o competencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Nada más lejos de la realidad y de lo deseable.
Tanto en Diputados como en el Senado, lo que puede o no ser aprobado depende de la correlación de fuerzas existente. En el Congreso de la República, en el Senado y en Diputados están representados los mismos seis partidos políticos, ciertamente con distintos pesos en una y otra cámara, por haberlo decidido así, se supone, el voto ciudadano.
El oficialismo por sí solo no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y cada decisión —entre ellas, revisar el Senado lo aprobado en materia legislativa por Diputados— tendrá que ser resultado del consenso o acuerdo político que logren las bancadas.
Parece que algunos olvidan que la política es el arte de lo posible.
