En el marco de la solicitud de facultades legislativas presentada ante el Congreso, el Ejecutivo propuso la creación de un régimen de responsabilidad penal diferenciado y de seguridad reforzada para adolescentes de alta peligrosidad. La iniciativa busca reestructurar el internamiento de los jóvenes infractores para evitar que las organizaciones criminales los recluten durante su permanencia en los centros de reclusión.
La propuesta plantea adecuar el marco normativo para clasificar a los internos según edad, gravedad de la infracción y perfil criminológico. Con ello, los procesados o sentenciados por delitos graves o vinculados al crimen organizado serán derivados a módulos especializados con vigilancia estricta, impidiendo su contacto con adolescentes sancionados por faltas menores o sin historial delictivo previo.
La iniciativa legislativa también contempla reforzar la reinserción social mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), diseñado de acuerdo con el entorno familiar, social y educativo de cada menor. Asimismo, se prevé potenciar los programas sociolaborales y el seguimiento posterior al egreso para garantizar el acceso a educación, salud y empleo, reduciendo los índices de reincidencia.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la reestructuración del sistema busca frenar el accionar de las redes delictivas que instrumentan a menores de edad para cometer ilícitos, asegurando que los centros juveniles cumplan con su función rehabilitadora. Según datos del Ministerio Público (RENADESPPLE), entre enero y mayo de este año se registraron 2640 adolescentes de 14 a 17 años retenidos en flagrancia, además de 41 menores de 10 a 13 años intervenidos bajo medidas de protección, concentrando los varones cerca del 90 % de las intervenciones.
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