El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, defendió desde Estados Unidos la eliminación definitiva de la subvención al diésel tras la emisión del Decreto Supremo 5716. La disposición establece la nivelación del precio del combustible con los valores del mercado internacional, pasando de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, para detener un gasto fiscal estimado en 55 millones de dólares semanales y frenar el contrabando.
Durante sus reuniones de gestión financiera en el exterior, el mandatario sostuvo que la medida busca reorientar los recursos públicos hacia el sector privado y las poblaciones vulnerables mediante bonos sociales, créditos preferenciales y la exención de impuestos a bienes de importación productivos.
Por su parte, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub) expresaron un rechazo categórico al decreto por el impacto en el costo de vida. El sector transporte programó una evaluación de medidas de fuerza en Santa Cruz, mientras que el gremio docente convocó a una marcha nacional para este miércoles.
A estas manifestaciones se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes advirtieron sobre posibles efectos en el precio de los alimentos. Frente al anuncio de movilizaciones dentro del estado de excepción vigente, ministros de Estado iniciaron acercamientos para instalar mesas de diálogo con la dirigencia sindical.
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