El Poder Ejecutivo incluyó un paquete de 14 medidas prioritarias en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas remitido al Congreso de la República. La iniciativa busca recuperar el principio de autoridad y restablecer la tranquilidad pública a nivel nacional.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó la determinación de la gestión gubernamental en el combate contra la criminalidad organizada. El jefe del Gabinete Ministerial enfatizó que el Ejecutivo enfrentará la delincuencia mediante el uso de inteligencia, estrategia y sanciones firmes para garantizar el orden en las calles.
Asimismo, puntualizó que, tras la eventual aprobación del marco normativo por parte del Parlamento, una de las primeras acciones será eliminar la denominada «puerta giratoria», impidiendo que delincuentes de alta peligrosidad accedan a beneficios de reducción de condenas o penas reducidas por terminación anticipada.
Intervención en lucha antidrogas y control digital
Entre las propuestas centrales presentadas por el Ejecutivo destaca la tipificación y registro oficial de las organizaciones criminales bajo la categoría de «grupos hostiles». Esta denominación facultará la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para ejecutar operativos de captura y desarticulación de estas agrupaciones.
En el ámbito tecnológico y de comunicaciones, el plan contempla el rastreo, geolocalización, suspensión de líneas y bloqueo masivo de dispositivos móviles vinculados a actividades delictivas, con especial énfasis en aquellos aparatos operados desde recintos penitenciarios y centros de reclusión juvenil.
Fiscalización migratoria y reforma del sistema penitenciario
La propuesta legislativa abarca un control migratorio estricto, la fiscalización rigurosa del uso civil de armas de fuego, municiones y pirotecnia, además de la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad perimétrica externa de los penales.
Finalmente, el paquete contempla la reforma del sistema penitenciario para reforzar las medidas de contención y reinserción social, la implementación de la libertad vigilada postpenitenciaria y la creación de un registro de condenados por delitos de alta peligrosidad para prevenir la reincidencia. A estas acciones se suma el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
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