La Comisión de Desarrollo Agrario, liderada por el diputado Édgar Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras), aprobó por mayoría -con 11 votos a favor y 8 en contra- el informe que autoriza la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
La medida está orientada exclusivamente a atender las necesidades de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar en todo el país. La votación se dio tras respaldarse la ampliación de la agenda presentada por el parlamentario Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), la cual fue admitida con 18 votos a favor y una abstención.
Ejes recomendados para la moción legislativa
El documento aprobado por el grupo de trabajo parlamentario establece tres recomendaciones fundamentales para guiar la labor del Ejecutivo, las cuales deberán ser atendidas en plazos no mayores a 30 días mediante decretos legislativos.
En primer lugar, se plantea priorizar la atención de la emergencia climática mediante la compra y despliegue de un pool de maquinaria para labores de descolmatación, el saneamiento de infraestructura hidráulica y la gestión eficiente del recurso hídrico.
En segundo lugar, se recomienda implementar medidas de gestión de riesgos ambientales y garantizar la interoperabilidad en tiempo real del Padrón de Productores Agrarios.
Finalmente, se proponen mecanismos de inclusión financiera orientados a reactivar el flujo de créditos oportunos frente a emergencias en el sector. El informe concluye que el otorgamiento de estas facultades resulta totalmente viable siempre que se circunscriba a la atención de los impactos generados por el fenómeno El Niño en la agricultura familiar.
Sustento del Midagri y medidas propuestas
De manera previa al debate del informe, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli Ruiz, expuso los pilares estratégicos de su sector. El funcionario enfatizó que solo uno de cada diez agricultores accede actualmente al sistema de crédito formal, por lo que su gestión prioriza la infraestructura hídrica mediante reservorios y represas, la asistencia técnica con acceso a mercados, el financiamiento y la mecanización tecnológica del sector.
Asimismo, Vinelli Ruiz argumentó que el pedido de facultades busca acelerar la respuesta del Estado mediante modificaciones normativas directas, como la actualización del Decreto Legislativo 1059 en materia de sanidad agraria.
Entre las iniciativas planteadas destaca la creación del Programa Nacional de Compras MYPE (PRONA), esquema que permitirá la compra directa de cultivos como papa, yuca y arroz a los productores locales, medida que -según precisó la autoridad sectorial- no puede concretarse mediante decretos de urgencia.
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