El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezó una reunión de trabajo junto a los titulares del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. El encuentro tuvo como propósito definir acciones conjuntas para optimizar la capacidad operativa de las instituciones del Estado y potenciar la respuesta oficial frente a las redes de la criminalidad organizada en el Perú.
En el marco del pedido de facultades delegadas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evalúa reformas de alto impacto para abordar la crisis de seguridad. Entre las iniciativas planteadas figura la creación de un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, herramienta orientada a sistematizar la información de inteligencia sobre estas agrupaciones y agilizar la persecución penal.
Asimismo, la propuesta gubernamental plantea la implementación de un mecanismo especial de coordinación en el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Esta instancia busca articular de forma directa a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con los Ministerios del Interior y de Defensa para unificar criterios y operaciones frente a las amenazas delictivas.
Estas coordinaciones se desarrollan tras la presentación del proyecto de delegación de facultades por un plazo de 120 días impulsado ante la Cámara de Diputados. La solicitud comprende un total de 66 materias, priorizando de manera central la seguridad ciudadana.
El paquete normativo busca intervenir en todo el ciclo de la justicia penal para combatir a las mafias y los mercados ilícitos. Para ello, se proponen modificaciones legales orientadas a reforzar las etapas de prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, además de optimizar el sistema de tratamiento penitenciario y la posterior reinserción social.
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