El peritaje forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al teléfono celular de Fernando Cerimedo, exasesor del mandatario Rodrigo Paz, identificó movimientos en una billetera digital fuera de la red (cold wallet) por 132,8 millones de dólares, según un informe presentado por el senador Leonardo Roca.
La extracción de datos reveló un entramado de 10 cuentas vinculadas que canalizaron 46 transferencias por 66 mil dólares en un periodo de seis meses hacia plataformas activas de conversión. Estas operaciones, verificables en la plataforma pública Tronscan.org, coinciden con las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre fragmentación de capitales, por lo que la información fue remitida a la Fiscalía dentro de la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Ante el avance del caso y las acusaciones, el presidente Rodrigo Paz rompió el silencio para aclarar que Fernando Cerimedo jamás contó con autorización ni mandato institucional para representarlo a él, a su administración o a su familia.
El jefe de Estado enfatizó que no existió vínculo contractual alguno con el estratega argentino y exigió que las investigaciones se desarrollen con transparencia y sobre la base de pruebas concretas. En paralelo, el Despacho Presidencial, a través del Viceministerio de Transparencia, instruyó una indagación minuciosa e informó que el Gobierno actúa como parte coadyuvante en el proceso penal de oficio abierto contra el exasesor.
Comunicaciones judiciales y diligencias en Santa Cruz
Por su parte, la defensa legal de Nadia Beller, asumida por Jerjes Justiniano Atalá, sostuvo que Cerimedo sostuvo contacto telefónico con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, el mismo día del atentado registrado en Santa Cruz de la Sierra.
En tanto, la declaración informativa de Beller fijada por la Fiscalía de La Paz fue suspendida por razones de fuerza mayor en su domicilio y será reprogramada. Ante este escenario, la defensa solicitó formalmente que la abogada sea incorporada al programa de testigos protegidos para resguardar su integridad física y garantizar la reserva de los datos sensibles que aportará a las investigaciones.
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