El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular orientada a suspender el traslado de la sede del Congreso de la República a la ciudad de Cali, donde se prevé celebrar la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.
El recurso legal, interpuesto por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera bajo la Ley 472 de 1998 y el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, está dirigido contra el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes y sus respectivas mesas directivas.
Sustento legal e informe de requerimientos técnicos
La demanda sostiene que el cambio de locación vulnera derechos e intereses colectivos vinculados a la moralidad administrativa, la seguridad, la salubridad pública y la defensa del patrimonio público, ante la falta de certificaciones oficiales sobre el presupuesto y la logística del desplazamiento.
Si bien el alto tribunal no ha decretado la suspensión del acto ni medidas cautelares inmediatas, otorgó un plazo perentorio a la Alcaldía de Cali, ministerios del sector y al Congreso para presentar los informes y soportes técnicos correspondientes. Asimismo, el órgano judicial vinculó formalmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella Otero, en calidad de tercero con interés directo en el proceso.
Frente a los cuestionamientos, Abelardo de la Espriella defendió la sede mediante una alocución el pasado 2 de agosto, asegurando que el acto institucional mantendrá criterios de austeridad fiscal. Según registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el Gobierno Nacional adjudicó contratos para la organización y transmisión de la ceremonia por un monto aproximado de 5.950 millones de pesos colombianos.
La cifra representa un incremento nominal de 950 millones de pesos colombianos frente a la transmisión oficial de Gustavo Petro en 2022, aunque supone una reducción del 12% al ajustar los valores en función de la inflación proyectada.
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