Foto-Congreso
El enemigo externo no siempre existe. A veces se fabrica porque hace falta. El jueves 16 de julio, desde la Casa Blanca, Trump acusó a China de vulnerar la infraestructura electoral de 2020, contradiciendo a su propia comunidad de inteligencia, que en 2021 concluyó que Beijing «no interfirió» en la votación. El episodio no es ajeno a Perú, que vivió este guión y lo repetirá si no aprendemos a reconocerlo.
Llegó en el sexto día de ataques contra Irán, con Trump en mínimos de aprobación y una ley electoral trabada en el Senado. La carta china —220 millones de archivos supuestamente robados, casi 280 mil «no ciudadanos» en los padrones— buscaba movilizar una base, no proteger un sistema que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) calificó como el más seguro de EE.UU. Los verificadores desmintieron con rapidez esas cifras. Beijing respondió y su Cancillería calificó la acusación de «completa falsedad» y exigió a Washington «autocrítica» sobre su historial de vigilancia global. Horas después, sin prueba adicional, la Casa Blanca tradujo la retórica en política, anunciando que recortará a 90 días los visados de periodistas chinos —frente a 240 días para el resto—, preludio de una nueva guerra mediática. Sin embargo, la hostilidad convive con la diplomacia. La visita de Xi a Washington sigue en pie para septiembre y la tregua comercial sigue vigente. Guerra retórica hacia afuera, cooperación transaccional puertas adentro. Quizás más escena que acción.
En febrero, el Congreso peruano censuró al presidente José Jerí por reuniones ocultas con un empresario chino. Esa misma «influencia china» que en Washington siembra duda, aquí tumbó a un mandatario. Meses después, el Departamento de Estado invocó el argumento inverso, ‘la soberanía frente a China’, para presionar por el control del puerto de Chancay. La misma etiqueta con usos opuestos. Defensa legítima aquí, arma de presión allá.
El Atlantic Council, centro de análisis geopolítico con sede en Washington, lo advertía con datos. Su Índice Legal 2026 no mide leyes en el papel, sino si estas se cumplen. Aquí evalúan: claridad normativa, independencia judicial, control de la corrupción y seguridad ciudadana. Con esa vara, Perú figura junto a Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Indonesia y Myanmar entre los diez países no OCDE con mayor retroceso desde 2020, justo cuando arrancó nuestra cadena de vacancias presidenciales. El World Justice Project (WJP), referencia global en materia de Estado de derecho, y Transparencia Internacional confirman la misma tendencia. La confianza institucional no colapsa de un día para otro, pero se erosiona cada vez que se acusa sin prueba.
¿Qué hacer? Los organismos electorales necesitan auditorías públicas y verificables, no promesas. Los gobiernos deben resistir la tentación de usar la amenaza externa como arma política. Los medios y ciudadanos debemos atribuir cada acusación a quien la formula, sin presentarla como hecho consumado. Ahí reside la prueba de fuego para la presidenta Keiko Fujimori, que asume no con el mandato más estrecho de la historia —2016 y 2021 fueron más ajustados— sino con la tercera elección consecutiva decidida por menos de cincuenta mil votos. Es un patrón, no una anomalía. No le bastará al sistema electoral asegurar que no hubo fraude. Tendrá que demostrarlo, con datos auditables, resistiendo la tentación de no hacer nada que prevaleció en los gobierno anteriores.
La lección para el Perú es sencilla y urgente. La próxima crisis de legitimidad no llegará anunciada. Fabricar al enemigo llegará disfrazado de defensa patriótica, como ocurrió con Jerí, como ocurre hoy con Trump. Como enseña el viejo refrán, la confianza tarda años en construirse y basta un discurso para dinamitarla. Esa es, sin proponérselo, la lección que Washington nos regala esta semana.
Acerca del autor
