El Poder Judicial del Perú puso en marcha un programa de alta especialización destinado a estructurar un perfil magistral ad hoc idóneo para enfrentar los delitos informáticos de última generación. Desde la ciudad de Arequipa, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga enfatizó que la evolución de las redes criminales avanza en paralelo al desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que exige una reforma metodológica profunda que integre las competencias del factor humano con herramientas tecnológicas avanzadas para procesar de forma eficaz los delitos asistidos por inteligencia artificial (IA).
Implementación de unidades especializadas ante nuevas modalidades delictivas
Prado Saldarriaga, en su condición de presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, detalló que lidera el diseño e implementación de una unidad jurisdiccional especializada en cibercriminalidad organizada.
Esta iniciativa técnica responde al diagnóstico presentado por la presidencia del Poder Judicial, a cargo de Janet Tello Gilardi, el cual advierte que la delincuencia informática posee una complejidad cualitativamente superior a los delitos convencionales. Entre las amenazas emergentes de mayor impacto se encuentran:
- Manipulación de archivos multimedia mediante deepfakes y suplantación de identidad digital.
- Sistemas de fraude, estafas financieras y extorsiones automatizadas con material íntimo creado por IA.
- Operaciones de organizaciones criminales basadas en soportes algorítmicos.
- Sabotaje digital y ciberataques contra la infraestructura crítica del Estado.
Fortalecimiento técnico de las sentencias y unificación de criterios
Las jornadas descentralizadas de capacitación, orientadas a magistrados de Arequipa y de diversos distritos judiciales del país, tienen programado su cierre oficial para el 30 de octubre de 2026. Los talleres buscan dotar a los jueces penales de una sólida solvencia jurídica y técnica que les permita calificar adecuadamente las nuevas conductas ilícitas potenciadas por los entornos virtuales, garantizando una respuesta institucional célere y proporcional.
Como parte de este proceso de modernización, la judicatura conformó el Grupo de Alto Nivel para la Aplicación de la Pena Justa y contra la Cibercriminalidad Organizada. Este órgano técnico tiene el encargo directo de unificar los criterios de los magistrados al momento de dictar sentencias y fijar las penas correspondientes, asegurando predictibilidad jurídica, estricta legalidad y un blindaje efectivo del sistema de justicia frente a las redes transnacionales del cibercrimen.
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