La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) falló a favor de la corporación edil, al determinar que las restricciones impuestas al funcionamiento de almacenes, depósitos y actividades de comercio al por mayor en el Centro Histórico no configuran barreras burocráticas ilegales.
Con este pronunciamiento de última instancia administrativa, el ente fiscalizador revoca un criterio previo que limitaba las facultades de ordenamiento territorial de la comuna limeña, validando las normativas locales orientadas a resguardar la seguridad pública, la residencialidad y la conservación del patrimonio cultural de la capital.
La disputa legal se originó luego de que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi emitiera la Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI el pasado 9 de enero. En dicha disposición, el órgano de primera instancia catalogó como traba burocrática la prohibición de habilitar centros de acopio logístico y comercio mayorista contemplada en la Ordenanza N.° 2711, decisión que la comuna consideró un atentado contra sus fueros y un riesgo para la protección del Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.
Frente a este escenario, la Procuraduría Pública Municipal y el Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) interpusieron un recurso de apelación el 21 de enero, sustentando en una audiencia oral posterior los fundamentos técnicos que amparaban la legalidad de la norma edil.
Fallo definitivo de la Sala Especializada respalda la seguridad de los conglomerados comerciales
Tras evaluar los alegatos de la comuna, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi acogió los argumentos de la defensa metropolitana y dictó la Resolución N.° 0221-2026/SEL-INDECOPI con fecha 20 de mayo.
Este nuevo dictamen revoca formalmente lo resuelto en primera instancia y declara la plena legalidad de las restricciones comerciales e industriales en el casco urbano monumental. Mediante un comunicado oficial, las autoridades metropolitanas expresaron que este fallo judicial-administrativo confirma que el municipio actuó bajo el amparo estricto de sus atribuciones constitucionales, priorizando la seguridad e integridad física de los vecinos y comerciantes frente al riesgo de incendios y tugurización en las zonas comerciales del Cercado.
Acerca del autor
