La reciente desvinculación de figuras clave del Plan Nacional de Búsqueda en Chile ha desatado una crisis política, bajo acusaciones de un «descabezamiento» institucional que pone en riesgo la identificación de detenidos desaparecidos.
La decisión, ejecutada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, afectó a las jefaturas de las áreas de programa, trayectoria y archivo, quienes denunciaron una contradicción directa entre las promesas del Ejecutivo y el desmantelamiento operativo de las capacidades técnicas acumuladas durante años.
Postura de las ex-jefaturas y riesgos técnicos
Las funcionarias removidas, entre ellas Paulina Zamorano y Magdalena Garcés, calificaron la medida como una decisión política que ignora el conocimiento especializado y los procesos de concurso público.
Advierten que la salida intempestiva de los liderazgos, sin un traspaso de gestión ordenado, podría paralizar diligencias judiciales en curso y afectar la coordinación con los tribunales de justicia y las organizaciones de familiares.
Reacción de agrupaciones de familiares y oposición
Desde el mundo de los derechos humanos, la Agrupación de Ejecutados Políticos tildó la medida de «acto violento» y anunció movilizaciones ante lo que consideran una agenda de impunidad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. En el ámbito legislativo, parlamentarias como Lorena Pizarro y Fabiola Campillai acusaron un avance del negacionismo, señalando que la intervención en el programa coincide con anuncios de posibles indultos a violadores de derechos humanos.
A pesar de que el Ministerio de Justicia sostiene que las salidas responden a cargos de exclusiva confianza y que el plan continúa vigente, diversas bancadas del Senado alertaron sobre un retroceso en el compromiso del Estado con la verdad y la reparación. La crítica central apunta a que debilitar la estructura del plan compromete el deber de investigar nuevos hallazgos sobre sitios de inhumación clandestina, afectando el derecho a la memoria en el país.
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