A 19 días de las elecciones generales, el primer debate presidencial inició una serie de seis sesiones de contraste ideológico.
La primera jornada del debate presidencial 2026, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se llevó a cabo este lunes con la participación de 11 postulantes en el Centro de Convenciones de Lima, centrando la discusión en la seguridad ciudadana y la integridad pública.
El encuentro estuvo marcado por una tendencia hacia propuestas de corte punitivo, tales como la pena de muerte y la expulsión de extranjeros, así como por constantes agresiones verbales y acusaciones de corrupción entre los contendientes. A menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril, el evento reflejó la fragmentación política del país, registrando un interés masivo con más de 500,000 visitas diarias a la plataforma Voto Informado.
Propuestas de seguridad: entre la reforma y el punitivismo
El primer bloque enfrentó diversas visiones sobre el combate a la criminalidad, donde Marisol Pérez Tello propuso la derogatoria de las denominadas «leyes pro-crimen», mientras que José Luna Gálvez anunció a Daniel Urresti como su eventual ministro del Interior, pese a cuestionamientos sobre su trayectoria. La retórica se endureció con la propuesta de Carlos Álvarez de aplicar la pena de muerte en flagrancia y la promesa de Fernando Olivera de «aniquilar» a extorsionadores y purgar la cúpula policial.
Por su parte, Rafael López Aliaga centró su discurso en la construcción de mega-cárceles en la selva y el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando un alejamiento de las estrategias de prevención en favor de medidas de control estricto y la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular antes del 28 de julio.
Crisis de integridad y confrontaciones directas
El bloque de lucha contra la corrupción se transformó en un escenario de recriminaciones mutuas que eclipsaron el debate técnico. Candidatos como Yonhy Lescano y Alfonso López Chau cuestionaron las trayectorias de sus oponentes, vinculándolos con gestiones pasadas y presuntos beneficios a empresas privadas.
En un intercambio particularmente tenso, Fernando Olivera acusó a César Acuña de liderar una organización criminal, afirmación que el líder de APP evitó responder directamente, centrando su defensa en su labor contra la minería ilegal. Otros postulantes, como José Williams, plantearon la «muerte civil» para corruptos y la reforma del INPE, mientras que la propuesta de Álex Gonzales se limitó a la dicotomía de «la cárcel o el cementerio», reforzando el tono confrontacional que predominó durante la transmisión.
Demandas ciudadanas y modernización estatal
A pesar de la crispación política, el segmento de preguntas ciudadanas permitió vislumbrar algunas propuestas programáticas en educación y gestión. López Chau ofreció un sistema de becas de postgrado en el exterior para los mejores universitarios, mientras que Lescano y Pérez Tello coincidieron en la necesidad de digitalizar el Estado y utilizar tecnología blockchain para transparentar las compras públicas.
En materia económica, Carlos Álvarez abogó por la industrialización y José Luna por la creación de Zonas Económicas Especiales vinculadas al puerto de Chancay. No obstante, estas propuestas técnicas compitieron por la atención del electorado frente a los ataques personales y el humor sarcástico, dejando en evidencia un clima electoral de alta polarización a pocos días de la votación general.
Mensajes finales: el llamado al voto entre la «mano dura» y la refundación
La ronda de cierre estuvo caracterizada por el uso de símbolos emocionales y promesas de cambios radicales para atraer al electorado indeciso. Alfonso López Chau y Fernando Olivera coincidieron en un llamado a la «refundación» del país y la expulsión de las «mafias» del Estado, recurriendo a un tono altamente confrontacional que se viralizó en redes sociales.
En contraste, César Acuña y Carlos Álvarez apelaron a sus historias de vida y conexión popular; mientras el primero se dirigió a la juventud resaltando su origen provinciano, el segundo enfatizó su falta de títulos académicos como un vínculo de identidad con el peruano común. Por su parte, el discurso de la «mano dura» fue el eje central de José Williams, quien se presentó como el presidente que «ningún delincuente quisiera tener», y de José Luna, quien reiteró su amenaza de muerte o cárcel para los extorsionadores, cerrando un evento que priorizó el impacto mediático sobre el detalle programático.
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