La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha emitido el Auto SRVR-02 de 2026, mediante el cual imputa a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes sistemáticos cometidos en el Pacífico sur de Nariño entre 2001 y 2012.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que estas acciones, enmarcadas en el Caso 002, no fueron incidentes aislados, sino patrones macrocriminales dirigidos contra el Pueblo Negro Afrocolombiano, los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y comunidades campesinas de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
Patrones criminales e impacto poblacional
La investigación judicial identificó tres modalidades delictivas principales ejecutadas por unidades como el Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 y el Batallón de Contraguerrilla No. 93:
- Estigmatización y violencia selectiva: Señalamientos infundados contra líderes sociales y autoridades étnicas que derivaron en torturas, detenciones arbitrarias y homicidios.
- Falsos positivos: Asesinatos de civiles reportados ilegitimamente como bajas en combate para cumplir con presiones institucionales por resultados operacionales.
- Control territorial y militarización: Ocupación de espacios civiles (escuelas y centros comunitarios) y restricciones a la movilidad que generaron un entorno de subordinación y temor.
Se estima que estas conductas afectaron directamente a 16,337 personas, incluyendo a más de 10,000 integrantes del pueblo Awá, aunque la JEP advierte sobre un posible subregistro de víctimas.
Imputados y calificación jurídica
Los ocho militares llamados a comparecer desempeñaron roles clave de mando, inteligencia y operaciones. Entre ellos figuran Luis Felipe Montoya Sánchez, ex-comandante del Grupo Cabal, y otros oficiales jefes de secciones operativas. Los hechos han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, exterminio y persecución) y crímenes de guerra (homicidio y tortura).
Con la publicación de este auto, la JEP finaliza la etapa de instrucción del Caso 002. El proceso transita ahora hacia una fase donde los comparecientes deberán reconocer verdad y responsabilidad. Posteriormente, el tribunal avanzará hacia la etapa de juicio y la imposición de sanciones bajo el modelo de justicia transicional, orientado a la reparación de las comunidades afectadas.
Acerca del autor
