El Pleno del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza. El proyecto de resolución legislativa, que planteaba sancionarla por presuntas infracciones constitucionales (artículos 45, 93 y 139), obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, quedando lejos de los 68 votos requeridos (dos tercios de los miembros hábiles).
Origen y fundamentos de la acusación
La propuesta de sanción surgió de las denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Kira Alcarraz y José Cueto, tras la decisión de Espinoza de denunciar constitucionalmente a 11 congresistas que votaron a favor de la ley sobre contratación de pensionistas de las fuerzas del orden. El congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el informe, argumentó que la fiscal vulneró la inviolabilidad parlamentaria establecida en el artículo 93 de la Constitución, la cual garantiza que los legisladores no rinden cuentas ante ninguna autoridad por sus votos u opiniones.
Argumentos de la defensa y debate político
La defensa de la magistrada, ejercida por el abogado Rodolfo Pérez, sostuvo que la fiscal actuó dentro de sus atribuciones constitucionales. Afirmó que el Ministerio Público es la única instancia facultada para denunciar a congresistas y que dicha labor es fundamental para la separación de poderes. Durante la sesión, las bancadas se dividieron entre quienes buscaban proteger la autonomía del voto parlamentario y quienes consideraron la sanción como una medida desproporcionada o improcedente.
Situación actual del expediente
Tras el resultado, el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, dispuso el envío del expediente al archivo. No obstante, el congresista Jorge Montoya presentó un recurso de reconsideración de la votación, lo que deja abierta la posibilidad de que el Pleno vuelva a evaluar la inhabilitación de la fiscal suprema en una próxima sesión.
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