Por Sandra Salinas Gervassi
Candidata a senadora PEX con el #1
Por el Partido Primero la Gente
La deuda del Perú con los niños con TEA y sus familias.
En el Perú, tener un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) no debería ser una lucha contra el sistema. Sin embargo, para miles de familias, esa es exactamente la realidad cotidiana. Lo que debería ser un proceso de acompañamiento, comprensión e inclusión termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos marcada por la indiferencia institucional, el desconocimiento social y la falta de políticas públicas realmente efectivas.
Las familias con niños neurodivergentes no están pidiendo privilegios. Están exigiendo algo mucho más básico: respeto, protección y acceso a los derechos que ya existen en el papel.
La neurodiversidad forma parte de la condición humana. El autismo no es una enfermedad que deba “corregirse”, sino una forma distinta de percibir el mundo. Pero cuando la sociedad no está preparada para convivir con la diferencia, esa diferencia se convierte en motivo de exclusión. Y eso es lo que ocurre todavía en muchos espacios educativos y sociales del país.
Uno de los problemas más graves que enfrentan los niños y jóvenes con TEA es el bullying. En colegios y universidades, muchos estudiantes neurodivergentes viven situaciones de aislamiento, burlas o discriminación que afectan profundamente su bienestar emocional. Lo más preocupante es que, en numerosos casos, estas situaciones pasan desapercibidas o no se atienden con la urgencia que merecen.
Las instituciones educativas suelen afirmar que promueven la inclusión, pero la realidad muestra que muchas carecen de protocolos claros para proteger a los estudiantes con necesidades específicas. La falta de personal capacitado en neurodiversidad, la escasa formación docente en inclusión y la ausencia de mecanismos eficaces para denunciar y sancionar el acoso generan un ambiente donde los niños con TEA quedan desprotegidos.
No se trata solo de convivencia escolar. El impacto del bullying en personas neurodivergentes puede ser devastador: ansiedad, depresión, abandono escolar e incluso crisis graves de salud mental. Cada caso ignorado es una oportunidad perdida para construir una sociedad más justa.
El Perú cuenta con leyes que reconocen los derechos de las personas con discapacidad y promueven la educación inclusiva. Sin embargo, el problema no es únicamente normativo. El problema es que muchas veces esas normas no se implementan con la seriedad que requieren. Las familias siguen enfrentando diagnósticos tardíos, escasez de servicios especializados y costos extremadamente altos para acceder a terapias esenciales.
Las terapias de lenguaje, psicología o terapia ocupacional pueden representar un gasto mensual que supera la capacidad económica de muchas familias. Esto genera una brecha injusta: los niños que reciben apoyo temprano tienen mayores oportunidades de desarrollo, mientras que aquellos que no pueden acceder a estas terapias quedan en desventaja desde el inicio.
La inclusión no puede depender del poder adquisitivo. Debe ser una política pública clara y sostenida.
En este contexto, el Estado tiene una responsabilidad fundamental. No basta con promover campañas de sensibilización. Se necesitan medidas estructurales que garanticen la protección y el acompañamiento de las personas con TEA a lo largo de su vida educativa.
Una propuesta que podría marcar un cambio importante sería la creación de un Observatorio Nacional de Bullying Neurodivergente. Una plataforma donde las familias puedan denunciar casos de discriminación o acoso escolar y donde las autoridades supervisen de manera efectiva la respuesta de colegios y universidades. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para prevenir la impunidad institucional.
Otra medida urgente es la implementación de un seguro integral para la neurodiversidad. Las terapias necesarias para el desarrollo de niños con TEA no deberían ser un lujo inaccesible. Garantizar cobertura pública o subsidios específicos permitiría que el acceso al tratamiento no dependa exclusivamente de los recursos económicos de cada familia.
Finalmente, todas las instituciones educativas deberían contar con protocolos obligatorios de acompañamiento para estudiantes neurodivergentes. Esto implica personal capacitado en salud mental, planes de adaptación académica y mecanismos claros para intervenir ante situaciones de acoso o crisis emocionales.
La inclusión real no se logra con discursos. Se construye con decisiones concretas, formación profesional adecuada y una cultura institucional que valore la diversidad humana.
Es importante recordar que los niños y jóvenes con TEA no necesitan lástima. Necesitan oportunidades. Muchos poseen talentos extraordinarios en áreas como la ciencia, la tecnología, el arte o el pensamiento lógico. Cuando el entorno educativo es comprensivo y flexible, esas capacidades pueden desarrollarse plenamente y convertirse en un aporte valioso para toda la sociedad.
El desafío, entonces, no es cambiar a los niños. Es cambiar el sistema que todavía no sabe cómo acompañarlos.
Una sociedad se define por la forma en que trata a sus ciudadanos más vulnerables. Si el Perú aspira a ser un país moderno, justo e inclusivo, debe asumir con seriedad la protección de los niños neurodivergentes y el apoyo a sus familias.
Porque el respeto no es negociable.
Y porque el derecho a ser diferente debe estar acompañado siempre por el deber colectivo de proteger.
Acerca del autor
