Transporte y alimentación al alza: Pasajes suben hasta 100% y afecta costos de vendedores locales.
El sistema de transporte público en Lima enfrenta una escalada generalizada en las tarifas debido a la crisis energética y al encarecimiento de los combustibles. El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) y el alza en el GLP y la gasolina han forzado a buses, colectivos y mototaxis a trasladar estos costos operativos a los usuarios, impactando directamente en la economía de miles de ciudadanos que se desplazan a sus centros de trabajo y estudio.
Incrementos en puntos clave y empresas involucradas
Desde el lunes 9 de marzo, diversas rutas han implementado ajustes de hasta 50 céntimos en paraderos estratégicos como Primera de Pro, en Los Olivos. Empresas de transporte como El Rápido, Virgen de la Puerta y la Línea 4 formalizaron la medida mediante comunicados, justificando el alza como un «ajuste razonable» necesario para sostener el servicio frente a la coyuntura energética.
La crisis ha modificado drásticamente los márgenes de ganancia y los precios al consumidor:
Mototaxis y Colectivos: Algunos sectores reportan alzas de hasta el 100 %. Conductores señalan que el costo para llenar un tanque se ha triplicado, pasando de S/ 30 a S/ 90, lo que ha elevado el pasaje mínimo de S/ 2 a S/ 4.
Comercio minorista: Vendedores de desayunos en los paraderos enfrentan dificultades para ajustar sus precios, ya que los usuarios, afectados por el «tarifazo», reducen su consumo de alimentos para poder cubrir el costo del transporte.
Desabastecimiento: Se registran largas filas en grifos de distritos como Chorrillos, donde transportistas denuncian que algunos establecimientos restringen la venta de combustible a pesar de contar con reservas.
Exigencias de fiscalización y control
Ante las denuncias de prácticas irregulares en las estaciones de servicio y el aumento arbitrario de pasajes, tanto conductores como pasajeros exigen una intervención inmediata de las autoridades. El sector demanda una mayor fiscalización para evitar la especulación de precios en los combustibles y garantizar que la crisis energética no derive en un colapso del transporte urbano en la capital.
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