Las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en América Latina consolidaron este 8 de marzo un reclamo regional contra la violencia de género, los feminicidios y la precarización de los derechos laborales y reproductivos.
Miles de mujeres y diversidades ocuparon las principales capitales, desde México hasta Chile, para exigir políticas públicas efectivas frente a una crisis de seguridad que, según cifras oficiales, mantiene índices de impunidad y agresiones alarmantes en todo el continente.
México y Centroamérica: Emergencia y justicia
En la Ciudad de México, las manifestantes denunciaron una realidad donde diez mujeres son asesinadas diariamente. Con consignas de protección para las juventudes y justicia por las víctimas de feminicidio, la marcha enfatizó que el 70 % de las mexicanas mayores de 15 años ha enfrentado algún tipo de violencia.
En Guatemala y El Salvador, las demandas se centraron en el respeto a la vida y la denuncia de retrocesos institucionales. Las organizaciones salvadoreñas destacaron la situación de vulnerabilidad bajo el régimen de excepción, mientras que en Honduras se exigió el fin de la impunidad en el 95 % de los casos de feminicidio, recordando figuras emblemáticas de la lucha social y ambiental.
Cono Sur y Región Andina: Derechos y alerta política
En Brasil, específicamente en São Paulo, la protesta visibilizó un incremento del 96 % en los feminicidios entre 2021 y 2025. Colectivos en Porto Alegre realizaron actos simbólicos para representar a las víctimas mortales de lo que va de 2026, utilizando elementos visuales para denunciar la letalidad de la violencia machista en el estado de Río Grande do Sul.
Por su parte, las movilizaciones en Chile y Ecuador tuvieron un marcado carácter político:
- Chile: Miles de mujeres marcharon hacia La Moneda bajo el lema «Ni un paso atrás», alertando sobre posibles retrocesos en derechos conquistados y el acceso al aborto ante el ascenso de sectores de ultraderecha.
- Ecuador: En Quito, las consignas se dirigieron contra la precarización económica y las presiones externas que, según las organizaciones, han limitado los avances en derechos reproductivos y protección social.
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