En el siglo XXI, la energía ha dejado de ser simplemente un mero insumo económico. Se ha convertido en un factor de poder y en una condición estructural para el efectivo ejercicio de la soberanía de los Estados. Por ello, los países que dependen del suministro externo de hidrocarburos quedan expuestos en contextos de crisis internacionales, conflictos geopolíticos o volatilidad en los mercados energéticos. En ese sentido, la inferencia es bastante clara: la seguridad energética deja de ser un asunto técnico o sectorial para convertirse en un problema estratégico.
Por mencionar un ejemplo histórico, las crisis del petróleo de la década de 1970 demuestran la presencia de un punto de inflexión que apuntala esta explicación. La guerra de Yom Kipur en 1973 y la revolución iraní de 1979 provocaron interrupciones en el suministro mundial de petróleo, generando inflación, recesión y un profundo shock en las economías industrializadas (en el caso peruano se experimentó, además, el fracaso del costoso modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones). Pero su impacto más duradero fue político: se evidenció que la dependencia energética podía convertirse rápidamente en una vulnerabilidad geopolítica.
Hoy el sistema energético internacional vuelve a experimentar tensiones significativas. Conflictos en regiones estratégicas y posibles interrupciones en rutas críticas del comercio energético —como el Estrecho de Ormuz— pueden desencadenar aumentos abruptos en los precios del crudo y trasladar rápidamente la inestabilidad al resto de la economía global. En un mundo cada vez más interdependiente, la energía continúa siendo uno de los vectores centrales de poder en la política internacional.
En este contexto global, el caso peruano presenta una paradoja estructural que rara vez se discute con suficiente profundidad. El Perú es un país exportador de gas natural gracias al desarrollo del proyecto Camisea (no obstante, no es un actor relevante comparado con otros países y se encuentra en una crítica etapa de descenso de las reservas probadas), pero al mismo tiempo depende en gran medida de la importación de petróleo y derivados para sostener sectores clave de su economía. Esta situación expone al país a los vaivenes del mercado internacional de hidrocarburos y a eventuales interrupciones en las cadenas de suministro. No abordaremos la problemática de Petroperú ahora, ya que implicaría extendernos demasiado en la complejidad de la situación actual de la petrolera estatal.
Retomando, desde una perspectiva geopolítica, esta dependencia no es superficial o irrelevante. Los países que dependen de la importación de hidrocarburos quedan expuestos a decisiones políticas, conflictos internacionales o perturbaciones logísticas que pueden alterar el suministro o elevar abruptamente los precios, sobre todo aquellos que tienen economías más abiertas. Por esta razón es que se ha comenzado a tratar la energía como una cuestión que puede comprometer la seguridad nacional en regiones particularmente sensibles.
En América del Sur, los países vecinos han adoptado estrategias diversas para enfrentar esta realidad: Argentina impulsa el desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, con un potencial que lo puede convertir en un actor importante; Brasil ha consolidado una poderosa industria petrolera offshore en el presal pero su crecimiento como potencia global demandará hacia el futuro mayores cantidades de suministro; Ecuador y Colombia continúan dependiendo en gran medida de las exportaciones petroleras; mientras que Venezuela intenta recuperar su deteriorada industria energética en medio de una transición política aún poco clara. Chile, por su parte, al carecer de recursos significativos de hidrocarburos, ha orientado su política energética hacia la seguridad del suministro mediante importaciones diversificadas y el desarrollo de infraestructura energética.
Creo que es importante tomar en cuenta el caso chileno, ya que particularmente ilustrativo por su capacidad de respuesta estatal. La interrupción del suministro de gas argentino a comienzos de la década de 2000 evidenció su vulnerabilidad energética. Como respuesta, Chile impulsó la construcción de terminales de gas natural licuado, diversificó sus proveedores internacionales y fortaleció su infraestructura energética (realizó una fuerte apuesta en la producción de hidrógeno verde, la expansión de la energía solar, así como importantes avances en energía eólica). Quizá, fuera de la región, un país equiparable sea Indonesia.
En el Perú, el problema energético presenta además un rasgo estructural adicional: el sector transporte. A diferencia del sistema eléctrico —donde el gas natural ha permitido reducir transitoriamente la dependencia del petróleo— el transporte continúa dependiendo casi exclusivamente de combustibles derivados del crudo. Esto implica que cualquier incremento significativo en el precio internacional del petróleo se traslada rápidamente a la estructura de costos de la economía, afectando el transporte de mercancías, los precios de los alimentos y la inflación interna.
Por ello, y desde la perspectiva de la geopolítica energética, la vulnerabilidad frente a los potenciales shocks petroleros depende en gran medida de la posición estructural de cada país en el mercado energético internacional. Los exportadores de hidrocarburos tienden a beneficiarse de los aumentos en el precio del crudo, mientras que los importadores netos enfrentan presiones inflacionarias, deterioro de sus cuentas externas y menor crecimiento económico. Un análisis reciente de Morgan Stanley sobre el impacto de un aumento de 10% en el precio del petróleo en América Latina ilustra esta dinámica: economías exportadoras como Colombia podrían registrar mejoras en su crecimiento económico, mientras que países dependientes de importaciones energéticas —como Chile— experimentarían una desaceleración económica y mayores presiones inflacionarias.
La volatilidad actual del mercado petrolero debería ser interpretada como una advertencia. Los países que logren diversificar sus fuentes de abastecimiento, fortalecer su infraestructura energética y reducir su exposición a los shocks del mercado internacional serán aquellos que conserven mayor margen de autonomía en un sistema internacional cada vez más competitivo. Y es en esa coyuntura que Perú debería comenzar a discutir una estrategia energética de largo plazo orientada a tres objetivos fundamentales: garantizar la seguridad de la cadena de abastecimiento de hidrocarburos, aprovechar plenamente sus reservas de gas natural y reducir progresivamente la dependencia del petróleo importado mediante la diversificación de su matriz energética.
Porque, como sosteníamos al inicio, en el siglo XXI la energía ya no es simplemente un insumo productivo. Es una condición necesaria de la soberanía económica para el pleno ejercicio de una real capacidad de decisión de los Estados.
Postdata: El estado peruano debe afrontar tres situaciones urgentes más allá de cómo se resuelve la actual crisis energética. Es imperativo tomar una decisión sobre Petroperú (sea reorganización, privatización, ingreso de capitales privados, etc.), impulsar con decisión una verdadera transición al GNV (Gas Natural Vehicular) como recomienda la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (es más eficiente económicamente usar gas peruano que petróleo importado) y finalmente, tomar una decisión política sobre la renovación del parque automotor (particulares, públicos e industriales) hacia los vehículos eléctricos o híbridos.
Acerca del autor
